Se ha publicado en el BOE un nuevo Real Decreto-ley (el 25/2020), con medidas urgentes destinadas a preservar el tejido productivo y apoyar la reactivación económica y el empleo.
Destacamos a continuación las principales novedades:
1. Medidas de apoyo a la inversión y a la solvencia
Se aprueba una nueva línea de avales ICO por importe de hasta un máximo de 40.000 millones de euros para
financiar inversiones productivas (a diferencia de las anteriores líneas, que estaban destinadas solucionar
problemas de liquidez).
The Spanish government has announced emergency measures aimed at protecting businesses and supporting economic recovery and employment in the country.
We highlight the main measures in the decree (RDL 25/2020) below:
1. Support for investment and solvency
State-backed guarantees for new investments
A further €40 billion of guarantees from Spain’s financial agency (ICO) are made available to finance productive
investment (unlike previous guarantees, aimed to be liquidity buffers).
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
The ongoing COVID-19 pandemic has profoundly reshaped the global business landscape. Some companies that only months ago seemed unstoppably profitable have been brought to an existential brink by extended lockdowns, supply chain failures, and other obstacles caused by the pandemic. Other companies who have experienced less disruption (or in some cases windfalls) stand at the threshold of opportunity even as they prepare themselves for the challenges of the 'new normal'.
La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del TS avala, con ciertos límites, las cláusulas de los convenios de acreedores en las que se prevé la pérdida del crédito de los acreedores que no comuniquen en un plazo determinado su número de cuenta bancaria. Una reciente sentencia de 2019 ha matizado el alcance tradicional de esta doctrina.
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law
Nos acercamos a los 100 días de la pandemia que ha sacudido nuestro modo de vivir y trabajar y ha llevado nuestra economía a una situación de crisis cuya profundidad y extensión están aún por definir pero se esperan muy amplias.
Los plazos administrativos se reanudarán el próximo 1 de junio, mientras que los plazos procesales y sustantivos lo harán el 4 de junio, tal y como aparece contemplado en el BOE del 23 de mayo de 2020.
2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.