Un accionista solicitó del juzgado mercantil que se acordara la disolución judicial de la compañía en la que participaba (y que se nombrara liquidador a quien ostentaba la condición de administrador) por haberse producido la paralización de los órganos sociales (art. 363.1.d Ley de Sociedades de Capital [LSC]). En el procedimiento no se discutió la realidad de esta paralización, pero se alegó —para oponerse a lo solicitado— que se había incumplido el requisito de la previa convocatoria de junta general extraordinaria.
La Propuesta de Directiva de 22 de noviembre del 2016 aborda (ofreciendo nuevas perspectivas de desarrollo del Derecho español) la cuestión de la necesidad del consentimiento de los socios para proceder a la capitalización de créditos en un escenario preconcursal.
Reiterando y desarrollando la argumentación contenida en la STS de 15 de marzo de 2017 [RJ 2017/1370], el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre qué debe entenderse por grupo de sociedades a los efectos de la Ley Concursal en su Sentencia de 11 de julio de 2018 [RJ 2018/2815].
Su doctrina gira, expuesta en términos resumidos, en torno a las siguientes ideas:
La Dirección General de Tributos analiza las reglas de valoración aplicables en supuestos de aportaciones de capital realizadas por compensación de créditos en aquellos casos en los que la capitalización se efectúa en diferentes plazos y de forma sucesiva.
1. Prolegómenos sobre naturaleza del leasing
It is known to everyone operating in the Spanish restructuring market that taking security to secure pre-existing indebtedness of a particular borrower is not a risk-free matter.
1. Excepción al principio rogatorio: la obligación de solicitar concurso de acreedores ante el incumplimiento empresarial generalizado de las obligaciones salariales y de Seguridad Social
According to its Explanatory Notes, RD Act (Order in Council) 4/2014, of 7 March, adopting urgent measures on business debt refinancing and restructuring, aims to facilitate the financial repair and recovery of companies facing an economic crisis. To this end, a set of rules varying in scope and significance have been laid down, which I here discuss with regards to the treatment reserved to loans granted under refinancing agreements - as provided by the Spanish Insolvency Act (IA) - and their signatory creditors.
Act 26/2013, passed on 27 December 2013 and published in the Official Journal of Spain on 28 December 2013 has amended the provisions of the Spanish Insolvency Act (the “SIA”) related to out-of-court restructuring. In particular Act 26/2013 modifies the 4th Additional Disposition of the SIA which allows to, upon certain circumstances, force extensions to dissident financial creditors in Spanish restructurings through the intervention of a Court (hereinafter, the “Court Homologation”).
1. Introduction