La Tesorería General de la Seguridad Social viene oponiéndose a que se le aplique el artículo 176 bis.2 de la Ley Concursal en aquellos créditos cuyo vencimiento resultara anterior a la entrada en vigor de la reforma de la citada norma. Se entiende que ha de considerarse el pago de la deuda contra la masa a su respectivo vencimiento, en aplicación de la norma que estaba en vigor cuando se generó la deuda o, al menos, cuando se reclamó por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social dicha deuda a la administración concursal.

En los años de mayor crisis económica se dispararon las compraventas de unidades productivas autónomas en el marco de procedimientos concursales. La Ley Concursal regulaba estas compraventas permitiendo a los adjudicatarios reflotar un negocio minorando las cargas acumuladas hasta el momento del concurso.Uno de los debates en estas situaciones es el alcance de la responsabilidad de la empresa adjudicataria sobre las obligaciones laborales de los trabajadores afectos a la unidad productiva autónoma.

Article 93(2)(3) of the Spanish Insolvency Act¹ (abbrev. LC) states that companies that belong to the same group of companies as the insolvent debtor shall be regarded as parties related to such debtor.

Privilege bestowed on (syndicated) creditors instigating the insolvency proceedings against the debtor

Preamble

Equality among all creditors (the so-called par conditio creditorum) is a basic principle under Spanish insolvency rules. Only specific exceptions envisaged in the Spanish insolvency law allow for a particular creditor to take precedence over others in the recovery of its claims against the debtor.

Generally speaking, the following ranking applies to insolvency claims (excluding predeductible claims):

The amendment to art. 90(1)(6) of the Insolvency Act 22/2003 (abbrev. LCON) by the Public Sector (Legal Regime) Act 40/2015 was welcomed almost enthusiastically by most market agents. It was felt that the inconsistent treatment bestowed on pledges of future claims (hereinafter, ‘PFC’) would finally be a thing of the past. I myself am not altogether convinced that this is the case, being able to envisage more than one way an insolvency judge, averse to this type of security interests, can dampen the aforementioned enthusiasm by way of a not overly absurd interpretation of the new provision.

Con la reforma del artículo 90.1.6.º de la Ley Concursal (LCon) dispuesta por la Ley 40/2015 se generalizó un casi entusiasta clamor entre los operadores del sector. Se consideraba que quedaba definitivamente resuelto el perverso historial con- cursal de las prendas sobre créditos futuros. Yo no lo veo tan claro y puedo imaginarme más de un modo por el que un juez concursal averso a este tipo de garantías puede arruinar aquel entusiasmo por vía de una interpretación no totalmente absurda del precepto nuevo.

Análisis GA&P | Marzo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1. Sobre el alcance de la subrogación en las deudas laborales y de la Seguridad Social: totalidad de la deuda o contratos subrogados 1.1.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, ratifica y convalida el contenido del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, modificando, entre otras, la Ley Concursal (“LC”).

The 5th Final Provision of Law 40/2015, of 1 October, on the Regulation of the Public Sector (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –“LRJSP”), published in the Official State Gazette on 2 October 2015, amends several precepts of the Insolvency Law (“LC”), including Article 90.1.6 LC. Specifically, the following text has been added to this precept:

A credit institution appealed the ruling that approved the agreement claiming that the creditors meeting had allowed the presence and vote by a city council that, in its opinion, did not have such right because it was the holder of 100% of the share capital of the insolvent party.