La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.

Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.

Final provision number three of the Trade Secrets Law, in force since March 13, 2019, authorized the government to approve a revised wording of the Insolvency Law within eight months. Under that authorization, on March 22 the Ministries of Justice and of Economy and Enterprise submitted a bill for the Revised Insolvency Law.

La Disposición Final Tercera de la Ley de Secretos Empresariales, en vigor desde el pasado 13 de marzo, habilitaba al Gobierno a aprobar un texto refundido de la Ley Concursal en el plazo de ocho meses. De acuerdo con dicha habilitación, los Ministerios de Justicia y Economía y Empresa presentaron el 22 de marzo un proyecto de Texto Refundido de la Ley Concursal.

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

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Under article 55 of the Spanish Insolvency Law, it is not allowed after the insolvency order to take individual enforcement action or initiate tax or administrative enforced collection proceedings against the debtor’s property; although until approval of the liquidation plan, administrative enforcement proceedings in which an attachment order has been issued are allowed to continue, together with enforcement actions for employee claims in which the insolvent company's assets have been attached, although certain restrictions apply.

El Tribunal Supremo concluye que la prohibición de ejecuciones una vez abierta la fase de liquidación opera tanto sobre créditos concursales, como sobre los créditos contra la masa, se trate de créditos administrativos o de otros acreedores.

Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.

Selection of the main restructuring and insolvency judgments.

Requirements for subordination of claims notified out of time

For a claim notified out of time not to be classed as subordinate, it must meet the following tests: (i) it must appear in the debtors’ documents; (ii) it must be due and payable; (iii) the fact that it exists and is payable must be beyond doubt; and (iv) it cannot be overlooked by the insolvency practitioner when drawing up the list of creditors by reason of the circumstances of the case.