Reopening to the public of establishments, effects of RDL 16/2020 on procedural, insolvency and tax matters, labor measures in preparation for de-escalation and news on administrative procedures
Las novedades regulatorias que afectan a las empresas se están aprobando de forma constante y continuada. Semana a semana, Garrigues ofrece un resumen de las principales cuestiones que deben tener en cuenta las empresas a lo largo de los próximos días.
The declaration of the state of emergencybecause of the COVID-19 crisis will significantly increase the number of applications for insolvency in Spain.
Measures proposed by the General Council of the Judiciary (Consejo General del Poder Judicial) (GCJ) are designed to streamline insolvency proceedings in order to facilitate the continuity of the business activity of insolvent companies or, at least, to enable them to obtain the maximum performance from the sale of their assets.
In this context, the GCJ measures appear to be based on two principles:
Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.
En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:
The toughening of lockdown measures in Spain and resulting closure of all business activities not classed as essential makes it absolutely necessary to keep very much in sight this week the measures approved in the labor and employment field. In the domain of corporate law and commercial contracts, the decision governing the first tranche of guarantees to soften the economic effects of the crisis has already been published in the Spanish Official State Gazette (BOE). As for tax matters, the personal income tax and wealth tax season is about to start.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.
Directive 2019/1023 of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 ("Directive on restructuring and insolvency")
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción