The toughening of lockdown measures in Spain and resulting closure of all business activities not classed as essential makes it absolutely necessary to keep very much in sight this week the measures approved in the labor and employment field. In the domain of corporate law and commercial contracts, the decision governing the first tranche of guarantees to soften the economic effects of the crisis has already been published in the Spanish Official State Gazette (BOE). As for tax matters, the personal income tax and wealth tax season is about to start.
Hogan Lovells Publications | 01 April 2020
Analysis of the Royal Decree-Law 11/2020 of 31 March, which adopts additional urgent measures in the social and economic field to address the COVID-19 crisis
Publicaciones de Hogan Lovells | 01 abril 2020
Algunas cuestiones de interés en relación con el impacto del COVID-19 en las financiaciones estructuradas
El impacto del virus COVID-19 está siendo significativo en todo tipo de industrias y lugares del mundo y, por consiguiente, surgen también muchas cuestiones que analizar en el ámbito de las financiaciones estructuradas.
In Spain individuals and entities have an obligation to file for insolvency if they are unable to regularly meet their obligations within two months of the position of insolvency coming to light. Breach of that obligation could lead to civil (and even criminal) liability.
The legal obligation imposed by the Spanish Insolvency Law 22/2003, of 9 July (the “Spanish Insolvency Law”), has been modified by Royal Decree-law 8/2020 (the “RDL”), of 17 March, on extraordinary measures to tackle the economic and social impact of COVID-19.
Reopening to the public of establishments, effects of RDL 16/2020 on procedural, insolvency and tax matters, labor measures in preparation for de-escalation and news on administrative procedures
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
El Tribunal Supremo, aun admitiendo la vertiente resarcitoria de la cláusula penal, rechaza que tenga eficacia sancionadora para el deudor en concurso. En consecuencia, se sostiene que el interés del concurso sirva como factor de moderación de las cláusulas penales.
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 145/2019, de 8 de marzo (Ponente Excmo. Sr. don Francisco Javier Orduña Moreno) se pronuncia sobre los efectos de la cláusula penal sobre una concursada tras la resolución de un contrato.
La Dirección General de Los Registros y el Notariado, en su resolución de 10 de julio de 2019, se pronuncia sobre la necesaria relatividad en la rigurosidad del balance de liquidación de una sociedad limitada, en este caso con relación a una "desafortunada" contabilización de una aportación a la cuenta 118.
El Tribunal Supremo dictó el pasado 2 de julio una sentencia pionera en la que se abordan los requisitos para conseguir la liberación de deudas a través del mecanismo de la llamada segunda oportunidad. En nuestro ordenamiento se conoce a la segunda oportunidad como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) y es una herramienta que pueden utilizar las personas físicas (empresarios, autónomos o consumidores fuertemente endeudados) para liberarse de sus deudas, que les serán condonadas, permitiéndoles emprender nuevos proyectos.