La regla de la que vamos a tratar se formula con diversos nombres, aunque es muy conocida la expresión nemo potest propriam turpitudinem allegareo la denominación de denegatio actionis.
1. El artículo 1.1C del reglamento. Valoración
The Spanish Insolvency Act (hereinafter, the SIA) establishes two simple and straightforward options designed to bring a solution to the Debtor’s insolvency: 1) either enter into a legal transaction with the creditors in which the free will of the parties is evidenced (this is known as composition of creditors or creditor’s agreement) or; 2) commence the winding-up of the company.
En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.
Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio y 31 de octubre de 2018 [RJ 2018/2814 y RJ 2018/4729] han debido decidir si una sociedad (TIP) ostentaba el control sobre otra (TRECAM) a los efectos de determinar si esta segunda pertenecía al grupo de la socia única (CAM) de la primera (lo que resultaba relevante para la calificación en el concurso de TRECAM de los créditos de CAM y de otra filial íntegramente participada de esta ultima entidad).
1. El problema y la propuesta
The defence of illegality, enunciated in arts. 1305 and 1306 of the Civil Code (abbrev.
1. Art. 1(1)(c) of the Regulation. Appraisal
El justiprecio expropiatorio que no podrán pagar las concesionarias de autopistas en concurso lo debe pagar el Estado, que será a su vez titular de un crédito concursal contra la concesionaria por este concepto.
The Corporate Insolvency and Governance Bill was published on 20 May 2020 and went through an accelerated parliamentary process, receiving Royal Assent on 25 June 2020 (with the provisions coming into force on 26 June 2020).
The Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (“CIGA”) introduces a mixture of permanent and temporary “debtor friendly” measures to restructuring and insolvency law in England and Wales and in Scotland, jurisdictions which have historically been viewed as being “creditor friendly”.