En su Sentencia de 1 de marzo de 2019 [RJ 2019/622] el Tribunal Supremo ha venido a interpretar la excepción a la subordinación de los créditos de las personas especialmente relacionadas con el concursado que se contiene en el artículo 92.5º de la Ley Concursal (LC).
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
1. Los hechos
Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.
1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado
Los hechos relevantes son los siguientes:
En una reciente resolución, la DGRN trata de equilibrar el necesario rigor que debe presidir nuestro sistema registral con la adecuada agilidad y seguridad jurídica que requieren los adquirentes de bienes cuando se ha declarado la insolvencia.
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha relajado los requisitos de inscripción de los bienes adquiridos durante el procedimiento concursal y, señaladamente, durante la fase de liquidación. Así lo señala en una resolución de 24 de octubre de 2018.
Se explora la posibilidad de que los acreedores financieros de la masa del concurso puedan solicitar una homologación judicial de un acuerdo de refinanciación de sus créditos contra la empresa ya consursada.
Concedida una subvención pública, fue posteriormente anulada en vía administrativa, con resolución que obligaba a devolver su importe. Entretanto el beneficiario de la subvención había sido declarado en concurso. Las dos instancias judiciales entendieron que la deuda de restitución es una deuda de la masa, por haber tenido lugar su devengo después de la declaración de concurso.
Cuestión no resuelta —y generadora de dispares opiniones—, se afronta en esta nota cómo han de ser, o no, reconocidos en el quorum y en el voto de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal los acreedores condicionales y los litigiosos.
In a judgment rendered in the case of 9210-6905 Québec Inc. (proposal of),1 the Superior Court of Québec held that an interim receiver is not required to obtain a clearance certificate from the tax authorities before proceeding with the distribution of a debtor's property, and is not subject to personal liability for this reason.
In its decision in The Queen v. Callidus Capital Corporation1, rendered on August 17, 2015, the Federal Court of Canada examined, on a retrospective basis, the Crown's absolute priority regarding proceeds remitted to secured creditors from the assets of a tax debtor that are deemed to be held in trust (deemed trust) under section 222 of the Excise Tax Act (the "ETA") prior to such tax debtor's bankruptcy.
In Paul L. Schnier v. Her Majesty the Queen, the Tax Court of Canada dismissed the motion brought by the Respondent under Rule 53(3)(c) of the Tax Court of Canada Rules (General Procedure) to quash the appeal on the basis that the Appellant, who was an undischarged bankrupt at the time of filing his Notice of Appeal, had failed to obtain permission of the trustee in bankruptcy at the outset to initiate the appeal.