Voluntary administration is Australia’s primary business rescue regime. This article is Part 1 of a two-part series. This article provides an introductory overview of voluntary administration in Australia, explaining what it is, why entities might enter it and its processes. It is not intended to be used as an exhaustive guide to Australia’s voluntary administration regime and its many nuances.
In Australia, public companies are required to have at least three directors (s 201A(2) of the Corporations Act 2001 (Cth) (Act)). However, in exceptional circumstances, a public company might find itself with fewer than three directors – for example, where the other board directors resign because of some disagreement.
The peak indebtedness rule employed by liquidators to maximise recovery of unfair preference claims is abolished
La irrupción del COVID-19 ha tenido efectos en todos los ámbitos, y uno de los más directos ha sido el cierre o las restricciones para el desarrollo de la actividad en determinados sectores que todavía continúan a día de hoy y que, como consecuencia de lo anterior, han sufrido drásticas caídas de ingresos durante meses.
Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.
Suspensión de la junta general extraordinaria hasta la designación y aceptación del cargo por la administración concursal
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Sevilla de 26 de febrero de 2021 (asunto “Abengoa”)
Selection of the main restructuring and insolvency judgments.
Suspension of special shareholders’ meeting until insolvency receiver’s appointment and acceptance of that appointment
Decision by Seville Commercial Court No 3 on February 26, 2021 (“Abengoa” case)
On January 22, 2021 Madrid's commercial court judges approved a set of agreed procedures for handling insolvency proceedings in which liquidation is requested together with the insolvency order, as well as a number of criteria for transfers of productive units in these and other insolvency processes.
El 22 de enero de 2021, los jueces mercantiles de Madrid aprobaron un conjunto de acuerdos para la tramitación de procedimientos de insolvencia en los que se solicita la liquidación junto a la declaración de concurso, así como una serie de criterios para la enajenación de unidades productivas en estos y otros procesos concursales.
El impacto sostenido en la actividad económica que está teniendo la pandemia COVID-19 ha llevado al Gobierno, por un lado, a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de las empresas y, por otro, a extender una vez más algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, así como en el Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, de 2 de febrero, en la que se confirma lo ya señalado en la Sentencia 4/2021, de 15 de enero de 2021. Dos sentencias miméticas en todo (casi hasta en las partes).
La doctrina ahora asentada por la 46/2021 se resume: