Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación.
1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?
Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.
El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».
Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.
The significance of this decision
On 3 May 2019, the Federal Court of Australia dismissed an application brought by the administrators of an oil and gas exploration company, Paltar Petroleum Limited (Paltar) to adjourn proceedings for the winding-up of the company in insolvency. The decision illustrates that the belated appointment of administrators appointed by directors in response to pending winding-up proceedings is unlikely to keep at bay the approaching fire of liquidation; indeed, it may accelerate it.
Background
Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.
The NSW Supreme Court has reaffirmed the criteria for a Court to inquire into a liquidator’s conduct. It is necessary to show that there is at least a ‘well-based suspicion’ indicating a need for further investigation. ‘Mere wondering’ is not enough.
In exercising its discretion, a Court will also consider the nature and gravity of the allegations against the liquidator, delays in seeking an inquiry, the utility of an inquiry and the existence of alternative remedies.
Background
The recent sale of Black Oak Minerals Limited (Black Oak) to Ramelius Resources Limited (ASX: RMS) (Ramelius) shows that section 444GA of theCorporations Act 2001 (Cth) (the Act) can be used to resurrect a company in liquidation.
The Commissioner of Taxation (Commissioner) recently issued draft taxation determination TD 2019/D2 (TD 2019/D2) dealing with the important question of a receiver’s obligation to retain money for post-appointment tax liabilities. A link to TD2019/D2.
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
1. Los hechos
En su Sentencia de 1 de marzo de 2019 [RJ 2019/622] el Tribunal Supremo ha venido a interpretar la excepción a la subordinación de los créditos de las personas especialmente relacionadas con el concursado que se contiene en el artículo 92.5º de la Ley Concursal (LC).