Hogan Lovells Publications | 01 April 2020
Analysis of the Royal Decree-Law 11/2020 of 31 March, which adopts additional urgent measures in the social and economic field to address the COVID-19 crisis
Publicaciones de Hogan Lovells | 01 abril 2020
Algunas cuestiones de interés en relación con el impacto del COVID-19 en las financiaciones estructuradas
El impacto del virus COVID-19 está siendo significativo en todo tipo de industrias y lugares del mundo y, por consiguiente, surgen también muchas cuestiones que analizar en el ámbito de las financiaciones estructuradas.
In Spain individuals and entities have an obligation to file for insolvency if they are unable to regularly meet their obligations within two months of the position of insolvency coming to light. Breach of that obligation could lead to civil (and even criminal) liability.
The legal obligation imposed by the Spanish Insolvency Law 22/2003, of 9 July (the “Spanish Insolvency Law”), has been modified by Royal Decree-law 8/2020 (the “RDL”), of 17 March, on extraordinary measures to tackle the economic and social impact of COVID-19.
Reopening to the public of establishments, effects of RDL 16/2020 on procedural, insolvency and tax matters, labor measures in preparation for de-escalation and news on administrative procedures
Las novedades regulatorias que afectan a las empresas se están aprobando de forma constante y continuada. Semana a semana, Garrigues ofrece un resumen de las principales cuestiones que deben tener en cuenta las empresas a lo largo de los próximos días.
The declaration of the state of emergencybecause of the COVID-19 crisis will significantly increase the number of applications for insolvency in Spain.
Measures proposed by the General Council of the Judiciary (Consejo General del Poder Judicial) (GCJ) are designed to streamline insolvency proceedings in order to facilitate the continuity of the business activity of insolvent companies or, at least, to enable them to obtain the maximum performance from the sale of their assets.
In this context, the GCJ measures appear to be based on two principles:
El Tribunal Supremo, aun admitiendo la vertiente resarcitoria de la cláusula penal, rechaza que tenga eficacia sancionadora para el deudor en concurso. En consecuencia, se sostiene que el interés del concurso sirva como factor de moderación de las cláusulas penales.
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 145/2019, de 8 de marzo (Ponente Excmo. Sr. don Francisco Javier Orduña Moreno) se pronuncia sobre los efectos de la cláusula penal sobre una concursada tras la resolución de un contrato.
La Dirección General de Los Registros y el Notariado, en su resolución de 10 de julio de 2019, se pronuncia sobre la necesaria relatividad en la rigurosidad del balance de liquidación de una sociedad limitada, en este caso con relación a una "desafortunada" contabilización de una aportación a la cuenta 118.
El Tribunal Supremo dictó el pasado 2 de julio una sentencia pionera en la que se abordan los requisitos para conseguir la liberación de deudas a través del mecanismo de la llamada segunda oportunidad. En nuestro ordenamiento se conoce a la segunda oportunidad como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) y es una herramienta que pueden utilizar las personas físicas (empresarios, autónomos o consumidores fuertemente endeudados) para liberarse de sus deudas, que les serán condonadas, permitiéndoles emprender nuevos proyectos.
On September 10, 2019, Madrid Commercial Court number 6 delivered a decision arguing that it was necessary to examine whether the prior notice under article 5 bis of the Insolvency Law stemmed from steps taken to prepare or perform serious and effective negotiations.