La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

1. El supuesto de hecho 

Una sociedad eslovaca productora de bebidas alcohólicas, que había conseguido un aplazamiento de su deuda fiscal previa constitución de garantías, no pudo hacer frente a los pagos pactados y, en consecuencia, presentó la solicitud de iniciación de un procedimiento de convenio de acreedores ante el tribunal regional competente, proponiendo el pago del 35 % de la deuda, que ascendía a un total de 21,4 millones de euros, de los cuales 21,3 correspondían a la deuda fiscal.

La presentación de una demanda por parte del trabajador requiriendo la extinción de su contrato por incumplimiento del empleador genera especial controversia si, inmediatamente después, este último solicita la declaración del concurso. Por una parte, porque se entiende que, tras la declaración del concurso, el contrato ya no está vigente al haber aprobado el juez del concurso la extinción colectiva de todos los contratos laborales de la empresa por lo que, el juez de lo social, no deberá pronunciarse sobre una relación ya extinguida.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V2252-18, de 26 de julio de 2018, aclara cómo y cuándo un contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas habrá de imputarse las minusvalías latentes derivadas de una inversión en aportaciones financieras subordinadas de una cooperativa que posteriormente fue declarada en concurso, entrando en fase de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

Ashfords successfully acted for the Joint Trustees in Bankruptcy of Vincent Mascarenhas (deceased) in their application to discharge Freezing Orders, an Interim Charging Order and an Interim Third Party Debt Order obtained by creditors of the late Bankrupt in 2014. The Joint Trustees were not a party to the original proceedings but had standing to make the applications.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña (Sección 4.ª) de 12 de marzo del 2018 (JUR 2018\130159) ha formulado algunas interesantes consideraciones en torno a los deberes y responsabilidad de los liquidadores de sociedades de capital.

In a recent landmark cross border decision the Düsseldorf Higher Regional Court clarified that general managers cannot rely on their Directors and Officers Liability Insurance cover (D&O) in the event of a claim for repayment under Germany's "wrongful trading" legislation. 

Providing cover for the directors and officers of a company or the company itself, D&O insurance provides reimbursement in the event the insured suffers loss as a result of legal action brought for alleged wrongful acts of the directors and officers.  

On 26 August the UK Government announced its intention to introduce radical reforms to insolvency law in the catchily named consultation paper "Insolvency and Corporate Governance – Government Response". Despite the 82 pages, the government kept their cards relatively close to their chest choosing not to reveal their big plans but with suggestions about the reforms ahead to "enable more companies not only to survive, but to thrive".

The Department for BEIS has recently published a consultation to the UK's insolvency and corporate governance landscape including significant proposals to extend the liability of directors of holding companies that sell insolvent subsidiaries.