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Puerto Rico is in the midst of a ­financial crisis. Over the past few years, its public debt skyrocketed while its government revenue sharply declined. In order to address its economic problems and to avoid mass public-worker layoffs and cuts in public services, the unincorporated U.S. territory issued billions of dollars in face value of municipal bonds. These bonds were readily saleable to investors in the United States due to their tax-exempt status and comparatively high yields.

Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aplicable a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2015 introdujo importantes novedades en relación con el régimen especial de neutralidad fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración (“Régimen Especial”).

Entre otras, el Régimen Especial ha quedado configurado como el régimen aplicable por defecto a estas operaciones, no siendo necesario optar por su aplicación (sin perjuicio de la obligación de comunicar la realización de la operación a la Administración Tributaria).

El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.

En situaciones de crisis empresarial no son extrañas demandas de despido «tácito». Aunque se trata de una denominación no recogida por el legislador laboral, reproduce la posibilidad que el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores otorga al trabajador para extinguir su contrato en determinadas circunstancias y con derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Este tipo de demandas suelen coincidir con los procesos concursales, si bien la realidad temporal puede ser distinta.

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 abril 2016 realiza unas interesantes consideraciones sobre la compensación en el concurso.

The United States Bankruptcy Court for the Southern District of Ohio, Eastern Division, (“the Court”) held in In re John Joseph Louis Johnson, III, Case No. 14-57104, 2016 WL 1719149, that a creditor violated the automatic stay by seeking to enforce an arbitration award against nondebtor co-defendants. The automatic stay applies not only to stay actions against the debtor personally but also prohibits “any act to … exercise control over property of the [debtor’s bankruptcy] estate.” 11 U.S.C.

Adding to the unsettled body of case law on the enforceability of prepetition waivers of the automatic stay, on April 27, 2016, the U.S.

Article 93(2)(3) of the Spanish Insolvency Act1 (abbrev. LC) states that companies that belong to the same group of companies as the insolvent debtor shall be regarded as parties related to such debtor.