Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.
The U.S. Supreme Court held today in Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC that a trademark licensee may retain certain rights under a trademark licensing agreement even if the licensor enters bankruptcy and rejects the licensing agreement at issue. Relying on the language of section 365(g) of the Bankruptcy Code, the Supreme Court emphasized that a debtor’s rejection of an executory contract has the “same effect as a breach of that contract outside bankruptcy” and that rejection “cannot rescind rights that the contract previously granted.”
Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
1. Los hechos
In a recent decision arising out of the Republic Airways bankruptcy, Judge Sean Lane of the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York held that the liquidated damages provisions of certain aircraft leases were improper penalties and, thus, “unenforceable as against public policy” under Article 2A the New York Uniform Commercial Code. In re Republic Airways Holdings Inc., 2019 WL 630336 (Bankr. S.D.N.Y. Feb. 14, 2019).
On February 8, 2019, the United States District Court for the Southern District of Texas, Houston Division, affirmed a Bankruptcy Court order enjoining a claimant from pursuing claims against a debtor’s non-debtor affiliates based upon third-party release and injunction provisions included in the debtor’s confirmed chapter 11 plan. In re CJ Holding Co., 2019 WL 497728 (S.D. Tex. Feb. 8, 2019).
An unresolved question - and one that generates disparate opinions - is addressed in this paper concerning whether and how conditional or litigating creditors should be acknowledged in terms of quorum and voting under the Fourth Additional Provision of the Insolvency Act.
Cuestión no resuelta —y generadora de dispares opiniones—, se afronta en esta nota cómo han de ser, o no, reconocidos en el quorum y en el voto de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal los acreedores condicionales y los litigiosos.
Concedida una subvención pública, fue posteriormente anulada en vía administrativa, con resolución que obligaba a devolver su importe. Entretanto el beneficiario de la subvención había sido declarado en concurso. Las dos instancias judiciales entendieron que la deuda de restitución es una deuda de la masa, por haber tenido lugar su devengo después de la declaración de concurso.
Se trata de un sumario y elocuentememo firmado por dos juristas de Kirkland & Ellis LLP, London, y publicado enInternational Corporate Rescue, vol. 15, issue 6, 2018, que resumo en lo que importa. Siempre suponiendo un hard Brexit. (1) Los tribunales de UK no reconocerán —salvo implementación por UK de la Ley Modelo de UNCITRAL— procedimientos de insolvencia extranjeros si afectan a titulares de créditos sometidos a Derecho inglés que disienten del acuerdo y no estuvieron presentes en el procedimiento extranjero.