Key Points:
On the 2 August 2021 Treasury released a consultation paper titled ‘Helping Companies Restructure by Improving Schemes of Arrangement. The consultation is aimed at reforming Australia’s scheme of arrangement procedure.
A recent decision of the Federal Court has confirmed that a secured creditor who consents to employee creditors being paid out of the charged asset pool is entitled to be subrogated to the priority rights of those employee creditors.
1.1 Facts
Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) was the only secured creditor of Akron Roads Pty Ltd (Akron), holding fixed and floating charges over all of Akron’s undertakings and assets. In 2010, liquidators were appointed to Akron.
Insolvency relief extended to 31 December 2020
On Sunday, the Federal Government announced that it will extend until the end of the year insolvency relief measures which were put in place from March 2020 as part of its response to the COVID-19 pandemic which were due to expire on 25 September 2020.[1]
The perception of Australia as being a relatively “risky” place to sit on a Board has generally focused on the insolvent trading prohibition in section 588G of the Corporations Act 2001 (Cth) and how it interacts with general directors’ duties.[1]
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.
Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
1. Los hechos
Australia’s corporate insolvency laws are in a process of significant change.
The latest proposed reform concerns the controversial practice of “phoenixing”. In recent months and years, phoenixing has attracted attention from a wide band of Australian regulators.
The Phoenixing Bill