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On October 3, 2017, Bankruptcy Judge Laurie Selber Silverstein of the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware issued a decision holding that the Bankruptcy Court had constitutional authority to approve third-party releases in a final order confirming a plan of reorganization.

La Dirección General de Tributos, en dos recientes consultas vinculantes, concreta el momento en el que los propietarios de acciones de una sociedad en concurso de acreedores pueden computar las pérdidas patrimoniales experimentadas con motivo de tal situación.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0624-17, de 9 de marzo del 2017, analiza cuándo y cómo puede computar una pérdida patrimonial el propietario de unas acciones de una sociedad suspendida de cotización y en fase de liquidación en un procedimiento concursal.

La Dirección General de Tributos analiza las reglas de valoración aplicables en supuestos de aportaciones de capital realizadas por compensación de créditos en aquellos casos en los que la capitalización se efectúa en diferentes plazos y de forma sucesiva.

La Dirección General de Tributos examina, en un contexto de consolidación fiscal, las consecuencias fiscales de una operación en virtud de la cual la entidad dominante condona los créditos que tiene sobre sus filiales, derechos adquiridos previamente por medio de una operación de reestructuración empresarial no acogida al régimen de neutralidad fiscal y registrados por un valor inferior a su nominal.

La Dirección General de Tributos examina algunas de las consecuencias que pueden derivarse de una operación de reestructuración empresarial a efectos de la constitución de la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Supremo confirma en casación la procedencia de imponer sanción en supuestos de operaciones de reestructuración empresarial carentes de motivos económicos válidos sobre la base de argumentos que, en última instancia, lo llevan a reconducir la operación al campo de la simulación negocial.

1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre del 2016 (rec. 2211/2015)

In less than a week after its bankruptcy filing, a debtor was able to obtain confirmation of its prepackaged plan of reorganization in the Bankruptcy Court for the Southern District of New York. In allowing the case to be confirmed on a compressed timeframe that was unprecedented for cases filed in the Southern District of New York, the Bankruptcy Court held that the 28-day notice period for confirmation of a chapter 11 plan could run coextensively with the period under which creditor votes on the plan were solicited prior to the commencement of the bankruptcy case.

The law on debt restructurings and liability management is back to where it was. Yesterday, the Second Circuit Court of Appeals reversed the controversial District Court decisions in the Marblegate-Education Management bondholder litigation. The case attracted wide-spread attention in financial markets, and we discussed it in an earlier client alert.

La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.

In a June 3, 2016 decision1 , the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware (“the Bankruptcy Court”) invalidated, on federal public policy grounds, a provision in the debtorLLC’s operating agreement that it viewed as hindering the LLC’s right to file for bankruptcy. Such provision provided that the consent of all members of the LLC, including a creditor holding a so-called “golden share” received pursuant to a forbearance agreement, was required for the debtor to commence a voluntary bankruptcy case.