La Dirección General de Tributos, en dos recientes consultas vinculantes, concreta el momento en el que los propietarios de acciones de una sociedad en concurso de acreedores pueden computar las pérdidas patrimoniales experimentadas con motivo de tal situación.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante V0624-17, de 9 de marzo del 2017, analiza cuándo y cómo puede computar una pérdida patrimonial el propietario de unas acciones de una sociedad suspendida de cotización y en fase de liquidación en un procedimiento concursal.

La Dirección General de Tributos analiza las reglas de valoración aplicables en supuestos de aportaciones de capital realizadas por compensación de créditos en aquellos casos en los que la capitalización se efectúa en diferentes plazos y de forma sucesiva.

In Czyzewski v. Jevic Holding, 580 U.S. __(2017), decided on March 22, the U.S. Supreme Court held that, without the consent of impaired creditors, a bankruptcy court cannot approve a "structured dismissal" that provides for distributions deviating from the ordinary priority scheme of the Bankruptcy Code. The ruling reverses the decisions of the U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, the U.S. District Court for the District of Delaware, and the U.S.

The immediate effect of Jevic will be that practitioners may no longer structure dismissals in any manner that deviates from the priority scheme of the Bankruptcy Code without the consent of impaired creditors.

La Dirección General de Tributos examina, en un contexto de consolidación fiscal, las consecuencias fiscales de una operación en virtud de la cual la entidad dominante condona los créditos que tiene sobre sus filiales, derechos adquiridos previamente por medio de una operación de reestructuración empresarial no acogida al régimen de neutralidad fiscal y registrados por un valor inferior a su nominal.

La Dirección General de Tributos examina algunas de las consecuencias que pueden derivarse de una operación de reestructuración empresarial a efectos de la constitución de la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Supremo confirma en casación la procedencia de imponer sanción en supuestos de operaciones de reestructuración empresarial carentes de motivos económicos válidos sobre la base de argumentos que, en última instancia, lo llevan a reconducir la operación al campo de la simulación negocial.

1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre del 2016 (rec. 2211/2015)

La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.

In today's low interest rate environment, the difference between a contractual interest rate and the federal judgment rate can be quite significant. It is not surprising, therefore, that this issue has become hotly litigated in cases involving solvent Chapter 11 debtors. Recently, the U.S. District Court for the Northern District of Illinois, in Colfin Bulls Funding A v. Paloian (In re Dvorkin Holdings), 547 B.R. 880 (N.D. Ill.

Puerto Rico is in the midst of a ­financial crisis. Over the past few years, its public debt skyrocketed while its government revenue sharply declined. In order to address its economic problems and to avoid mass public-worker layoffs and cuts in public services, the unincorporated U.S. territory issued billions of dollars in face value of municipal bonds. These bonds were readily saleable to investors in the United States due to their tax-exempt status and comparatively high yields.