2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.
La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
In the recent decision of Cant v Mad Brothers Earthmoving,[1] the Court of Appeal of the Supreme Court of Victoria (Justices Beach, McLeish and Hargrave) considered whether the liquidator of Eliana Construction and Developing Group (in liquidation) (Eliana) could establish that a payment made to an unsecured creditor of Eliana by one of Eliana’s related companies was an unfair preference.
The recent Federal Court decision of Scott v Southern Highlands Waste & Recycling Pty Ltd[1] provides liquidators with important guidance regarding the availability of search and seizure warrants under section 530C of the Corporations Act2001 (Cth) (the Corps Act).
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
In the recent Gunns decisions, the Federal Court considered three separate unfair preference claims brought by the liquidators of Gunns Limited (in Liquidation) (Gunns) against:
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Whilst the power of a chairperson to exercise a casting vote at creditors’ meetings is a useful mechanism to resolve a deadlock in voting, it does not confer unconstrained discretion. The recent Glenfyne Appeal[1] provides valuable guidance as to the appropriate exercise of a casting vote and also serves as a reminder of the Court’s significant powers to review and reverse failed creditors’ resolutions due to the exercise of a casting vote.
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law