La prolongada duración de los efectos de la pandemia COVID-19 sobre el tejido económico empresarial ha impulsado al Gobierno a extender en el tiempo algunas de las medidas en el ámbito de la Administración de Justicia que se habían adoptado en el marco del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, posteriormente confirmadas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre.
Los efectos de la pandemia se están materializando en un incremento significativo de la deuda de consumidores y empresas. En este contexto, nuestra previsión es que, en los próximos años, las transacciones sobre deuda y activos tóxicos alcanzarán niveles muy elevados. Desde Garrigues, analizamos en este documento la situación y tendencias del mercado de deuda en Latinoamérica, España y Portugal, donde se percibe una clara tendencia a la sofisticación de este tipo de operaciones.
Pandemia COVID-19
In the wave of the COVID-19 pandemic, there has been a significant increase in debt held by both consumers and companies. Over the coming years, we expect to see a large number of debt and distressed asset deals. In this viewpoint, Garrigues provides in this documentan analysis of the debt market situation and trends in Latin America, Spain and Portugal, where there is a clear move toward greater sophistication in these deals.
COVID-19 pandemic
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
As concerns about illegal phoenix activity continue to mount, it is worth remembering that the Corporations Act gives liquidators and provisional liquidators a powerful remedy to search and seize property or books of the company if it appears to the Court that the conduct of the liquidation is being prevented or delayed.
When a person is declared a bankrupt, certain liberties are taken away from that person. One restriction includes a prohibition against travelling overseas unless the approval has been given by the bankrupt's trustee in bankruptcy. This issue was recently considered by the Federal Court in Moltoni v Macks as Trustee of the Bankrupt Estate of Moltoni (No 2) [2020] FCA 792, which involved the Federal Court's review of the trustee's initial refusal of an application by a bankrupt, Mr Moltoni, to travel to and reside in the United Kingdom.
Selección de las principales resoluciones en materia de reestructuraciones e insolvencias.
La competencia para conocer de un ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 corresponde a la jurisdicción laboral y no al juez del concurso
Auto del Juzgado de lo Mercantil de León, de 1 de abril de 2020
Un informe de la Comisión Europea, del 3 de diciembre de 2019, analiza en los marcos legales sobre insolvencia e impago de deudas de los diferentes Estados miembros y, en concreto, los distintos sistemas de ejecución –tanto individual como colectiva– y su efectividad para recuperar los créditos de dudoso cobro (NPLs).
Jurisdiction to hear a case related to a temporary layoff procedure due to force majeure caused by COVID-19 lies with labor courts not the insolvency judge
Decision by León Commercial Court, April 1, 2020