In Spain individuals and entities have an obligation to file for insolvency if they are unable to regularly meet their obligations within two months of the position of insolvency coming to light. Breach of that obligation could lead to civil (and even criminal) liability.

The legal obligation imposed by the Spanish Insolvency Law 22/2003, of 9 July (the “Spanish Insolvency Law”), has been modified by Royal Decree-law 8/2020 (the “RDL”), of 17 March, on extraordinary measures to tackle the economic and social impact of COVID-19.

Reopening to the public of establishments, effects of RDL 16/2020 on procedural, insolvency and tax matters, labor measures in preparation for de-escalation and news on administrative procedures

Las novedades regulatorias que afectan a las empresas se están aprobando de forma constante y continuada. Semana a semana, Garrigues ofrece un resumen de las principales cuestiones que deben tener en cuenta las empresas a lo largo de los próximos días.

The declaration of the state of emergencybecause of the COVID-19 crisis will significantly increase the number of applications for insolvency in Spain.

Measures proposed by the General Council of the Judiciary (Consejo General del Poder Judicial) (GCJ) are designed to streamline insolvency proceedings in order to facilitate the continuity of the business activity of insolvent companies or, at least, to enable them to obtain the maximum performance from the sale of their assets.

In this context, the GCJ measures appear to be based on two principles:

Liberado el segundo tramo de la lnea ICO de avales para paliar los efectos econmicos del COVID-19, aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 (RDL 8/2020), se discute an estos das sobre la compatibilidad de estas garantas con operaciones de refinanciacin y reestructuracin de deuda.

En concreto, se plantean dudas que se concretan en tres momentos temporales:

El Tribunal Supremo dictó el pasado 2 de julio una sentencia pionera en la que se abordan los requisitos para conseguir la liberación de deudas a través del mecanismo de la llamada segunda oportunidad. En nuestro ordenamiento se conoce a la segunda oportunidad como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) y es una herramienta que pueden utilizar las personas físicas (empresarios, autónomos o consumidores fuertemente endeudados) para liberarse de sus deudas, que les serán condonadas, permitiéndoles emprender nuevos proyectos.

On September 10, 2019, Madrid Commercial Court number 6 delivered a decision arguing that it was necessary to examine whether the prior notice under article 5 bis of the Insolvency Law stemmed from steps taken to prepare or perform serious and effective negotiations.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.

Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.

Los administradores de una sociedad incursa en causa de disolucin no responden de deudas sociales anteriores a su nombramiento

Los administradores responden de las deudas contradas por la sociedad tras la aparicin de una causa de disolucin si no promueven la ordenada disolucin y liquidacin. Sin embargo, esta obligacin se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolucin.