Judge Parker of the U.S. Bankruptcy Court for the Western District of Texas recently issued an order in the case of Hilltop SPV, LLC, granting debtor Hilltop SPV LLC’s (“Hilltop”) motion to reject a Gas Gathering Agreement (“GGA”) with counter-party Monarch Midstream, LLC (“Monarch”).[1] This decision allows Hilltop to reject the GGA while allowing Monarch to retain the covenants that run with the land post-rejection.

In Re Proex Logistics, 2025 ONSC 51, Justice Steele of the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) recently made a number of holdings related to the process for trustees accepting claims in a bankruptcy and other parties seeking to challenge those decisions. The Court held that:

Two recent Supreme Court of Canada decisions demonstrate that the corporate attribution doctrine is not a one-size-fits-all approach.

Harrington v. Purdue Pharma L.P., 144 S. Ct. 2017 (June 27, 2024)

In a recent decision of the Supreme Court of Canada in Poonian v. British Columbia (Securities Commission), the Court determined that while disgorgement orders made by the British Columbia Securities Commission (the “Commission”) survive bankruptcy under the Bankruptcy and Insolvency Act (the “BIA”), administrative penalties may not.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.

1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal

Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.

1. Introducción

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.

La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.