Recientemente, en sus sentencias de fechas 13 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación del contenido en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), relativo a la legitimación del responsable tributario para impugnar, con ocasión del recurso frente al acuerdo de derivación de responsabilidad, la liquidación en que tiene su origen dicho acuerdo.

De Raad voor Onroerende Zaken ("ROZ") heeft op 4 juni 2018 een nieuw model voor de bankgarantie gepubliceerd. Het model voor de bankgarantie en de handleiding daarbij zijn te downloaden via de website van de ROZ.

El Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad solidaria de los administradores sobre la base del art. 367 LSC subsiste, aunque el acreedor conozca, al contratar, la situación de insolvencia de la sociedad. El mero conocimiento de dicha situación por parte del acreedor no es suficiente para acreditar su mala fe al reclamar las deudas a los administradores y, por tanto, estos siguen siendo solidariamente responsables por no promover la disolución si las pérdidas determinaron que el patrimonio neto quedara por debajo de la mitad del capital social.

La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).

Recientemente, la Dirección General de Tributos (“DGT”) ha publicado la contestación a la Consulta Vinculante V0259-18, de 7 de febrero de 2018, en la que se analizan las implicaciones que pueden derivarse para un tercero como consecuencia de las liquidaciones provisionales (incluso no habiendo las mismas adquirido firmeza) practicadas a otro sujeto pasivo.

Desde hace ya tiempo la Administración Tributaria ha venido aplicando, si bien no de forma frecuente, el sistema de responsabilidades regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), en los supuestos en los que el deudor a la Hacienda Pública se encontraba en situación de concurso. 

Over the past few years, the Belgian legislature has consolidated various pieces of legislation regulating businesses into a single instrument: the Code of Economic Law (Wetboek van economisch recht/ Code de droit économique). Insolvency law has not escaped this trend. In the summer of 2017, the Belgian Parliament enacted Book XX of the Code of Economic Law, entitled "Insolvency of Undertakings" (hereinafter the "Insolvency Code").

Recently, the Dutch Supreme Court rendered a judgment in which it has given a detailed explanation of the effects of bankruptcy proceedings on a contract or other legal relationship.[1] The case in question involved a dispute between a bankruptcy trustee and a bank as to whether the bank could file its post-bankruptcy l

Recently, the Dutch Supreme Court rendered a judgment in which it has given a detailed explanation of the effects of bankruptcy proceedings on a contract or other legal relationship.[1] The case in question involved a dispute between a bankruptcy trustee and a bank as to whether the bank could file its post-bankruptcy l