La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente una sentencia (STS 693/2017, de 20 de diciembre) que, si bien trae causa de un procedimiento concursal, establece conclusiones muy interesantes desde el punto de vista del derecho societario, en materia de conflictos de interés en el seno de los grupos de sociedades.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.
LA DGRN limita el control por notarios y registradores de la aplicación del 160.f) LSC (venta de activos esenciales) y establece que la norma no será aplicable en operaciones realizadas por las sociedades en liquidación.
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Bogra is a company that is active within the funeral industry. As a result of serious financial problems, an administrator (bewindvoerder) was appointed on 28 June 2017. On the same date Bogra was declared bankrupt (30 June 2017), the employment agreements of Bogra’s employees were terminated. Funico acquired (part of) Bogra’s assets on 18 July 2017 due to an asset transaction. Effective 19 July 2017, Bogra’s activities were continued by Bogra Uitvaartkisten.
La Sentencia 3019/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017 aclara que los administradores sociales, tanto los de derecho, como los de hecho, serán responsables solidarios por las deudas contraídas por la sociedad como consecuencia de un despido, declarado improcedente después del acaecimiento de una causa de disolución.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 14 de junio de 2017, ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento y cese de administradores. El motivo de la negativa reside en la previa disolución de pleno derecho de la sociedad en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
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Introduction
On 5 September 2017, the Dutch legislator published an amended bill on pre-insolvency proceedings in the Netherlands1 for consultation purposes.2 The Bill contains a proposal for an amendment to the Dutch Bankruptcy Act (Faillissementswet) which enables a company in financial difficulties to propose a composition outside insolvency proceedings to its creditors and shareholders, to restructure problematic debts.
El Tribunal Supremo reitera, en su sentencia de 5 de mayo de 2017, su doctrina relativa a la acción individual de responsabilidad de los administradores y la necesidad de que además de probarse el daño se demuestre la existencia de una conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenador empresario, así como la existencia del nexo causal entre la conducta y el daño.