La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reconoce legitimación para interponer recursos al acreedor coadyuvante en un incidente concursal de acción de reintegración.
LA DGRN limita el control por notarios y registradores de la aplicación del 160.f) LSC (venta de activos esenciales) y establece que la norma no será aplicable en operaciones realizadas por las sociedades en liquidación.
Kai Zeng and Kon M Asimacopoulos, Kirkland & Ellis
This is an extract from the first edition of GRR's The Art of the Ad Hoc. The whole publication is available here.
The purpose and role of ad hoc committees from a debtor’s perspective: the initial phase
Yushan Ng and Helen Ward, Cadwalader Wickersham & Taft
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Chris Howard, Sullivan & Cromwell
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The relationship of an ad hoc committee with its stakeholder constituency
No power to bind: the importance of the underlying finance documents in relation to decision making
Nick Angel, Peter Newman and Edward Rasp, Milbank LLP
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Role and powers
Yen Sum and Lucy Cox, Sidley Austin
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How many committees?
In a capital structure involving multiple external debt tranches, one of the first questions that arises is the number of committees that will be required.
La Sentencia 3019/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2017 aclara que los administradores sociales, tanto los de derecho, como los de hecho, serán responsables solidarios por las deudas contraídas por la sociedad como consecuencia de un despido, declarado improcedente después del acaecimiento de una causa de disolución.
La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 14 de junio de 2017, ha desestimado el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil de Burgos a inscribir una escritura de nombramiento y cese de administradores. El motivo de la negativa reside en la previa disolución de pleno derecho de la sociedad en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.
El Tribunal Supremo reitera, en su sentencia de 5 de mayo de 2017, su doctrina relativa a la acción individual de responsabilidad de los administradores y la necesidad de que además de probarse el daño se demuestre la existencia de una conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenador empresario, así como la existencia del nexo causal entre la conducta y el daño.