Singapore's economy is expected to see slower growth in 2023 after its rapid recovery from the pandemic in 2022, with the Ministry of Trade and Industry recently narrowing the GDP growth forecast for the year.1 As industries continue to feel the pinch of high inflation and interest rates, creditors and debtors alike may be considering appropriate solutions for companies which struggle to pay their debts.
Singapore has earned a budding reputation as a hub for debt restructuring and insolvency in Asia, with its transparent legal system and judicial expertise. This growth can also be attributed to enduring efforts to innovate and reform.
To enhance Singapore as a forum of choice in international restructuring and insolvency proceedings, the Rules of Court were amended with effect from 1 October 2022 to allow restructuring and insolvency matters which are international and commercial in nature to now be heard in the Singapore International Commercial Court ("SICC").
After several unsuccessful legislative endeavors in 2000-2001, 2008-2009 and 2014, the Hong Kong government plans to relaunch the much-anticipated Companies (Corporate Rescue) Bill (the “ Bill “) in 2021.
The Privy Council's recent judgment in Weavering[1]upheld the decisions of the Cayman Islands Grand Court and Court of Appeal that payments made to redeemed investors immediately prior to the fund's liquidation were preference payments under section 145(1) of the Companies Law (2018 Revision) (Law), and must be repaid.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.