The defence of illegality, enunciated in arts. 1305 and 1306 of the Civil Code (abbrev.

La regla de la que vamos a tratar se formula con diversos nombres, aunque es muy conocida la expresión nemo potest propriam turpitudinem allegareo la denominación de denegatio actionis.

1. Prolegómenos sobre naturaleza del leasing

The Third Party (Rights Against Insurers) Act 2010 (the “2010 Act”) finally comes into force on 1 August 2016.

The 2010 Act makes it easier for a third party to bring a claim against an insurer when the insured party has become insolvent. The 2010 Act will replace the Third Parties (Rights Against Insurers) Act 1930 (the “1930 Act”) and is designed to extend and improve the rights of third party claimants.

Policyholders contemplating insurance coverage settlements with low-level insurers should use caution to preserve their ability to access higher-level excess policies. Excess insurers are increasingly disputing that underlying policies are properly exhausted where policyholders elect to settle with underlying insurers for less than full limits. The issue can be further complicated if the policyholder seeks protection under the bankruptcy laws against long-tail liabilities, as a recent case illustrates.

Earlier this year, both the lower and upper houses of Malaysia’s parliament, passed the Companies Bill 2015 (“theBill”) which will harmonise Malaysia's insolvency laws and bring them more in line with modern international standards. Once the Bill comes into effect (it is currently awaiting Royal Assent), it will replace Malaysia’s existing Companies Act 1965.

Análisis GA&P | Mayo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), aplicable a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2015 introdujo importantes novedades en relación con el régimen especial de neutralidad fiscal aplicable a las operaciones de reestructuración (“Régimen Especial”).

Entre otras, el Régimen Especial ha quedado configurado como el régimen aplicable por defecto a estas operaciones, no siendo necesario optar por su aplicación (sin perjuicio de la obligación de comunicar la realización de la operación a la Administración Tributaria).

El Tribunal Supremo acepta que la ausencia de entendimiento entre los socios pueda considerarse un motivo económico válido en las operaciones de reestructuración empresarial cuando aquéllos puedan probar que sus discrepancias en cuanto a la organización empresarial condicionan la viabilidad de la empresa.

En situaciones de crisis empresarial no son extrañas demandas de despido «tácito». Aunque se trata de una denominación no recogida por el legislador laboral, reproduce la posibilidad que el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores otorga al trabajador para extinguir su contrato en determinadas circunstancias y con derecho a la indemnización correspondiente al despido improcedente. Este tipo de demandas suelen coincidir con los procesos concursales, si bien la realidad temporal puede ser distinta.