En los cuatro artículos anteriores de esta serie (ver aquí) analizamos el papel clave de los inversores profesionales en las 'startups', pero también las desventajas de la exclusiva dependencia de este tipo de empresas del 'equity' y las ventajas que tendría la deuda para ellas. El entorno, como vimos, es además favorable para el endeudamiento. Abordamos la dificultad de ofrecer recetas generales para conseguir deuda y algunas vías no muy prometedoras.
La Ley Concursal define insolvencia como la incapacidad del empresario para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
En un post anterior, les informábamos sobre la aprobación de la Norma Foral 6/2020, que, entre otras medidas, armonizaba para determinadas operaciones el régimen de neutralidad fiscal vizcaíno con la regulación de Territorio Común.
Law nº 75/2020, published in the Official Gazette in November 27, 2020, and in force from November 28, 2020 to December 31, 2021, has established the following:
a) An exceptional temporary regime for extending the period for concluding the negotiations undertaken with a view to the approval of the recovery plan or payment agreement, and granting an adjustment period for the insolvency plan proposal, within the scope of the COVID -19 pandemic.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
This significant recent decision of the Supreme Court of Canada confirms (i) that a CCAA supervising judge enjoys broad discretion and the necessary jurisdiction to prevent a creditor from voting on a plan of arrangement when the creditor is acting for an improper purpose, and (ii) that litigation funding is not intrinsically illegal and that a litigation funding agreement can be approved by the Court as an interim financing in insolvency.
Cette importante décision prononcée dernièrement par la Cour suprême du Canada confirme : (i) que le juge chargé d’appliquer la LACC possède un vaste pouvoir discrétionnaire et la compétence nécessaire pour empêcher un créancier de voter sur un plan d’arrangement s’il agit dans un but illégitime, (ii) que le financement de litiges n’est pas intrinsèquement illégal et qu’un accord de financement de litige peut être approuvé par la Cour à titre de financement temporaire en situation d’insolvabilité.
This significant recent decision of the Supreme Court of Canada confirms (i) that a CCAA supervising judge enjoys broad discretion and the necessary jurisdiction to prevent a creditor from voting on a plan of arrangement when the creditor is acting for an improper purpose, and (ii) that litigation funding is not intrinsically illegal and that a litigation funding agreement can be approved by the Court as an interim financing in insolvency.