En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.
Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación.
1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?
Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.
El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».
Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.
On May 20, 2019, the U.S. Supreme Court issued an 8-1 ruling in the case of Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC. The decision resolves a circuit split, holding that a licensee may retain its right to use licensed trademarks, notwithstanding the debtor-licensor’s rejection of the contract in bankruptcy. The Supreme Court’s decision has potentially far-reaching implications.
Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.
In normal circumstances, a director’s primary duty (owed to the company, not the company’s shareholders or the corporate group) is to promote the success of the company for the benefit of its shareholders as a whole. When a company enters a period of financial distress (the so-called “zone of insolvency”) there is a shift of emphasis in the duties of the directors: directors must consider the interests of the company’s creditors and, depending on the extent of the financial distress, may need to prioritise such interests over those of its members.
When a company enters a period of financial distress, directors must consider the interests of the company’s creditors and, depending on the extent of the financial distress, may need to prioritise such interests over those of its members. In such distressed situations, the key current heads of liability directors may face (for which they may potentially incur personal liabilities) include wrongful trading, fraudulent trading, misfeasance and breach of duty.
On April 23, 2019, Ropes & Gray, representing a large group of shareholder defendants, won a decision in the U.S. District Court for the Southern District of New York that provides potential fraudulent transfer protection for payments made to shareholders in leveraged buyouts, stock redemptions and other securities transactions.
Constructive Fraudulent Transfer Claims and the Securities Safe Harbor
Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.
1. Los hechos