In the previous four articles in this series (see here) we looked at the key role of professional investors at startups, though also at the setbacks of the exclusive dependence of these types of companies on equity and the advantages debt would have for them. The environment, as we saw, is also a favorable one for borrowing. We described the difficulty to provide general recipes for getting debt and a few not very promising routes.
En los cuatro artículos anteriores de esta serie (ver aquí) analizamos el papel clave de los inversores profesionales en las 'startups', pero también las desventajas de la exclusiva dependencia de este tipo de empresas del 'equity' y las ventajas que tendría la deuda para ellas. El entorno, como vimos, es además favorable para el endeudamiento. Abordamos la dificultad de ofrecer recetas generales para conseguir deuda y algunas vías no muy prometedoras.
La Ley Concursal define insolvencia como la incapacidad del empresario para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.
Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.
En un post anterior, les informábamos sobre la aprobación de la Norma Foral 6/2020, que, entre otras medidas, armonizaba para determinadas operaciones el régimen de neutralidad fiscal vizcaíno con la regulación de Territorio Común.
Law nº 75/2020, published in the Official Gazette in November 27, 2020, and in force from November 28, 2020 to December 31, 2021, has established the following:
a) An exceptional temporary regime for extending the period for concluding the negotiations undertaken with a view to the approval of the recovery plan or payment agreement, and granting an adjustment period for the insolvency plan proposal, within the scope of the COVID -19 pandemic.
Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias
Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.
In the wake of the COVID-19 pandemic, more and more businesses are finding themselves in distress. According to Forbes, 30 million small businesses across the United States are experiencing financial distress, with half of those blaming the global pandemic for revenue decline. These challenges are especially felt by small businesses who may have limited access to the financial markets and investors as compared to larger companies, both public and private, and especially those whose owners have made personal guarantees on business loans.
Preparation of financial statements and corporate income tax, recommencement of time periods, remote trials, gradual return to workplaces, insolvency proceedings and compliance with criminal law