Liquidator remuneration in insolvency proceedings often raises difficult questions; especially in large corporate collapses where the work is extensive and the stakes are high. Courts must balance fair compensation with creditor protection, but approaches to fee assessment have varied across jurisdictions, leading to uncertainty and dispute.
When a company goes into liquidation, creditors often wonder whether they will recover their debts. One available option to achieve this is funding legal action to help the liquidator recover assets.
Singapore's insolvency legislation allows creditors who fund liquidators' recovery actions to have priority over other creditors in the distribution of recovered assets. This improves the viability of commencing insolvency proceedings as an asset recovery tool.
When a company enters liquidation, the appointed liquidator steps into a pivotal role – one that requires navigating complex challenges to recover assets and maximize returns for creditors. This task entails conducting detailed investigations and pursuing legal actions, processes that demand a careful balance of inquiry, judgment, and responsibility.
With the increase in global trade and business, often involving complex corporate structures in multiple jurisdictions, we expect to see a significant increase in cross-border insolvency and restructuring matters in coming years. This is especially the case with rapid advancements in technology and digital change driving “borderless” transactions and investments in every industry.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 22 de mayo, remarca que determinados comportamientos constitutivos de calificación culpable del concurso pueden provocar una inversión de la carga de la prueba sobre la incidencia del comportamiento de los administradores en la generación o incremento del déficit concursal, pero sigue sin ofrecer la «justificación añadida» de la atribución de la responsabilidad concursal.
1. La reforma del artículo 172 bis de la Ley Concursal
Se contiene una descripción y valoración general de la Directiva (UE) 2019/1023.
1. Introducción
En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).
La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.