The UK and the US have historically been perceived as leading jurisdictions in the development of restructuring and insolvency law – to the extent that dozens of local insolvency regimes around the world have been modelled on some combination of their processes. Both regimes are highly sophisticated, and feature well-developed legislation supported by decades of case law that offers both debtors and creditors alike a degree of certainty and predictability that is not always available in other jurisdictions.
La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del TS de 26 de abril de 2018 analiza una cesión en pago realizada justo antes de la declaración de concurso. Atendiendo a las circunstancias concretas del caso (quita del 50% del crédito cancelado; acreedor sin vinculación ni condición especial; convenio posterior con quita similar), el Supremo considera que no procede rescindir la operación.
The Company Voluntary Arrangement (‘CVA’) was introduced into English insolvency law by the Insolvency Act 1986 (the ‘IA 1986’), as a result of recommendations made in the Cork Report1 in 1982.
El Tribunal Supremo considera que la falta de legitimación para recurrir de una concursada en liquidación fue subsanada con la ratificación posterior de su administración concursal.
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 (Ponente Ignacio Sancho Gargallo) analiza el papel de la concursada en liquidación y de la administración concursal a la hora de interponer recursos en procedimientos en trámite antes de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación.
July 2018
2018 Summer review M&A legal and market developments
In this issue...
Contractual provisions.............................................................1 Company law...........................................................................4
Listed companies....................................................................7 Good faith................................................................................9
Authors: Philip Broke, Veronica Carson
European Leveraged Finance Alert Series: Issue 6, 2018
One: Regulatory framework for Lending in Spain
Recientemente, en sus sentencias de fechas 13 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación del contenido en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), relativo a la legitimación del responsable tributario para impugnar, con ocasión del recurso frente al acuerdo de derivación de responsabilidad, la liquidación en que tiene su origen dicho acuerdo.
El Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad solidaria de los administradores sobre la base del art. 367 LSC subsiste, aunque el acreedor conozca, al contratar, la situación de insolvencia de la sociedad. El mero conocimiento de dicha situación por parte del acreedor no es suficiente para acreditar su mala fe al reclamar las deudas a los administradores y, por tanto, estos siguen siendo solidariamente responsables por no promover la disolución si las pérdidas determinaron que el patrimonio neto quedara por debajo de la mitad del capital social.
La responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias por parte de quienes colaboren en la ocultación y/o transmisión de bienes con la intención de sustraerlos al procedimiento ejecutivo de cobro –impidiendo así su embargo– ha sido recientemente objeto de análisis por parte del Tribunal Económico Administrativo Central (“TEAC”).
In its April 2018 decision, the BGH ruled on the question whether the directors of a company that has been granted debtor in possession status by the respective insolvency court can become personally liable for a breach of a duty of care vis-à-vis the creditors like an insolvency administrator. The underlying legal question was the subject of a controversial academic discussion in the past.