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El TS clarifica la calificación concursal de los contratos de permuta de tipos de interés y los califica como créditos concursales por no cumplir con el requisito del sinalagma funcional que se predica de las obligaciones recíprocas.

En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.

En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.

Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.

La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes28.

La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).

La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.

On July 9, 2012, the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit issued a decision in Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Mfg., LLC (No. 11-3920), a case that addresses the effect of a bankruptcy trustee's rejection of trademark licenses. For years, the Bankruptcy Code's definition of "intellectual property" has excluded trademarks. But the Code provides very specific guidelines on the treatment of other intellectual property licenses in section 365(n), which was added by Congress in 1988 following the Fourth Circuit's decision in Lubrizol Enterprises, Inc.

After filing more than 275 copyright infringement lawsuits, it now turns out that Righthaven was not the owner of the copyrights asserted in the lawsuit, and as a result is now on the verge of bankruptcy. The copyright infringement claims were made for reposting pictures and stories previously published by the Las Vegas Review-Journal, owned by Stephens Media.