En aplicación del art. 6.3 Cc, se declaran nulas prendas sobre acciones otorgadas por una sociedad en garantía de préstamos para adquirir acciones de la propia sociedad porque vulneran la prohibición de asistencia financiera. No existe obligación de restitución porque la prenda fue concedida con carácter unilateral y gratuito.

En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.

Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.

La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes²⁸.

La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).

La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.

The New Year seems to be starting with a bang for the ILS industry.  On January 23rd, KKR announced it had taken a 24.9% stake in Nephila.  Earlier in the month Validus reported a $400 million capital raise to fund investments in collateralized reinsurance and ILS.  In a transaction on which Edwards Wildman Palmer LLP advised Transatlantic Re, Transatlantic Re in December acquired a minority interest in Pillar Capital Management and announced a strategic partnership with Pillar, a manager of funds investing in collateralized reinsurance and ILS.

In Ollerenshaw and Reeh v the Financial Services Authority (the FSA), former directors of the Black and White Group Limited (in liquidation) (B&W), challenged decisions of the FSA in a reference to the Upper Tribunal.

On October 16, 2012, the United States Tenth Circuit Court of Appeals overturned decisions of the United States Bankruptcy Court for the District of Colorado and the United States District Court for the District of Colorado that had cast doubt as to whether a lender could enforce a security interest in the proceeds from the sale of a borrower’s FCC broadcast license. The case, Valley Bank and Trust Company v. Spectrum Scan, LLC (In re Tracy Broadcasting Corp.), 2012 U.S. App. LEXIS 21505 (10th Cir. Colo. Oct.

The U.S. Fifth Circuit Court of Appeals recently ruled on whether section 546(e) of the Bankruptcy Code exempts payments for electricity provided under a requirements contract from avoidance as preferences. At least where the facts match those of the subject case, MBS Mgmt. Serv., Inc. v. MXEnergy Elect., Inc., No. 11-30553, 2012 WL 3125167 (5th Cir. Aug. 2, 2012), such payments are exempt.

In a decision of considerable importance for bankruptcy debtors and lenders, the Supreme Court handed down its ruling earlier today in RadLAX Gateway Hotel, LLC v. Amalgamated Bank, --- S.Ct. ----, 2012 WL 1912197 (2012). In this highly anticipated decision, the Supreme Court held that a debtor may not confirm a plan under the “cramdown” provision of 11 U.S.C. § 1129(b)(2)(A) where the plan proposes to sell a secured lender’s collateral without affording the creditor the opportunity to credit-bid for the collateral.