After Energy Future Holdings (EFH), maybe not so much. The size of the break-up fee approved by the bankruptcy court in EFH was undoubtedly large by any account – US$275 million. But it was approved following all necessary filings, notice and hearings. All parties and counsel involved were highly sophisticated and experienced. The court that approved the fee was the Delaware bankruptcy court, by all accounts one of the most experienced and sophisticated bankruptcy courts in the nation. And there wasn’t even a hint of fraud, misrepresentation or failure to disclose material facts.

Shareholder of a Korean corporation (“Cuzco Korea”), the sole member of a chapter 11 limited liability company debtor (“Cuzco USA” or the “Debtor”), brought an adversary proceeding against the Debtor and others, asserting claims directly, derivatively on behalf of Cuzco Korea and “double derivatively” on behalf of the Debtor. On the defendants’ motion to dismiss, the bankruptcy court for the district of Hawaii was required to consider the impact of Korean law on the derivative claims as well as notions of forum non conveniens.

In a decision widely anticipated by investors in emerging market and distressed debt, the Court of Appeal has upheld the decision of the High Court to refuse to grant an indefinite moratorium on claims under certain English law debts under the Cross Border Insolvency Rules (“CBIR”). In doing so, the Court of Appeal has reaffirmed a long-standing principle of English common law that provides important protection to creditors; known as the Rule in Gibbs, the rule provides that a debt may only be discharged according to its own governing law.

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes:

Es exclusiva la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto un procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio se encuentra en otro Estado miembro.

En el concurso de la sociedad EM se incluyeron en el inventario de la masa activa dos fincas inscritas. El inventario no fue impugnado en el plazo previsto en el artículo 96.1 de la Ley Concursal (LCon). Tras la preclusión del mencionado plazo impugnatorio, la actora presentó una demanda para que se la declarase propietaria de una parte proindivisa de las fincas.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio y 31 de octubre de 2018 [RJ 2018/2814 y RJ 2018/4729] han debido decidir si una sociedad (TIP) ostentaba el control sobre otra (TRECAM) a los efectos de determinar si esta segunda pertenecía al grupo de la socia única (CAM) de la primera (lo que resultaba relevante para la calificación en el concurso de TRECAM de los créditos de CAM y de otra filial íntegramente participada de esta ultima entidad).

Ejecutada la hipoteca primera, con adjudicación al ejecutante y con sobrante de ejecución, se decreta la cancelación de la garantía y de las tres hipotecas posteriores en rango, y la entrega del sobrante al acreedor hipotecario (que es el mismo en las cuatro hipotecas). Unos días antes de dictarse el decreto de adjudicación y cancelación de cargas, el deudor había solicitado un procedimiento del artículo 5 bis de la Ley Concursal (LCon).

Curiosos el caso y la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 20 julio 2018. Los fiadores solidarios de un préstamo hipotecario impagado reclaman judicialmente que se les releve de la fianza o que el deudor ofrezca una garantía que ponga a los fiadores a cubierto del peligro de su insolvencia de acuerdo con el artículo 1843 del Código Civil (CC).

The new company shareholders, who have accessed ownership of the securities by ordinary purchase or by enforcement of a pledge of securities, must beware above all of the hitherto dormant claims of former shareholders and directors.