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En los cuatro artículos anteriores de esta serie (ver aquí) analizamos el papel clave de los inversores profesionales en las 'startups', pero también las desventajas de la exclusiva dependencia de este tipo de empresas del 'equity' y las ventajas que tendría la deuda para ellas. El entorno, como vimos, es además favorable para el endeudamiento. Abordamos la dificultad de ofrecer recetas generales para conseguir deuda y algunas vías no muy prometedoras.

La Ley Concursal define insolvencia como la incapacidad del empresario para cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.

Analizamos la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia para comprobar qué hay nuevo y qué ha cambiado esta nueva regulación respecto a la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia.

En un post anterior, les informábamos sobre la aprobación de la Norma Foral 6/2020, que, entre otras medidas, armonizaba para determinadas operaciones el régimen de neutralidad fiscal vizcaíno con la regulación de Territorio Común.

Law nº 75/2020, published in the Official Gazette in November 27, 2020, and in force from November 28, 2020 to December 31, 2021, has established the following:

a) An exceptional temporary regime for extending the period for concluding the negotiations undertaken with a view to the approval of the recovery plan or payment agreement, and granting an adjustment period for the insolvency plan proposal, within the scope of the COVID -19 pandemic.

Como ya hiciera la Comisión Europea con su instrumento de liquidez para apoyo a la solvencia (Solvency Support Instrument) lanzado a finales de mayo y cuyos rasgos generales se describen aquí, el Gobierno de España ha creado, mediante el Real Decreto-ley 25/2020, un nuevo fondo para intentar prevenir las insolvencias

During this time of economic upheaval amidst the COVID-19 pandemic, many corporate borrowers are faced with the inability to service debt obligations, and creditors may seek to hold corporate officers and directors accountable as a result. In these uncertain times, it is wise to review the fiduciary duties of corporate directors and officers and the effects of financial distress on such duties.[1] The following Q&A provides guidance on this issue from a Delaware law perspective, as Delaware is the most commonly cited jurisdiction for corporate governance.

For months, landlords and tenants impacted by the COVID-19 pandemic have wondered whether force majeure clauses in leases would excuse a tenant's non-payment of rent. On June 3, 2020, a Bankruptcy Court for the Northern District of Illinois offered us an early look into how courts might interpret such clauses in the midst of the current crisis. In In re Hitz Restaurant Group, No. 20-B05012, 2020 WL 2924523 (Bankr. N.D. Ill. June 3, 2020), the Bankruptcy Court ruled that Executive Order 2020-7, the Stay-at-Home Order (the "Order") enacted by Illinois Governor, J.B.

Desde el pasado 23 de marzo, con esta newsletter en Garrigues hemos hecho un esfuerzo por acercaros aquellos temas regulatorios de los que semana a semana las empresas teníais que estar más pendientes desde todas las áreas de práctica del derecho de los negocios. Dado que el estado de alarma toca a su fin en unos pocos días, esta será la última entrega de una publicación que esperamos haya cumplido su función. A partir de ahora, os seguiremos manteniendo informados a través de nuestros formatos habituales de Alertas, Comentarios, Perspectivas o Newsletters.