El Tribunal Supremo confirma que la atribución de un privilegio especial, en caso de créditos garantizados con prenda sobre derechos de crédito futuros, depende de que la relación de la que emana el crédito ofrecido en garantía existiera antes de la declaración de concurso.
El Tribunal Supremo rechaza el ejercicio de las acciones rescisorias especiales del Derecho concursal contra una escisión de sociedades inscrita en el Registro Mercantil, y afirma que la protección de los acreedores debe realizarse por vía resarcitoria.
El Tribunal Constitucional confirma la constitucionalidad de las exigencias y requisitos legales para poder acceder al recurso de suplicación.
Este post trata de analizar el alcance la Sentencia del Tribunal Constitucional 173/2016, de 17 de octubre, así como de la de la doctrina del mismo órgano que la precede y que es sintetizada en la misma.
La sentencia de 10 de noviembre de 2016 de la sala cuarta del TJUE se ha pronunciado sobre los requisitos que deben reunir las prendas de cuenta corriente para quedar cubiertas por el régimen de garantías financieras de la Directiva 47/2002.
El TJUE ha respondido a las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo de Letonia sobre el ámbito de aplicación de la Directiva, después de que los órganos de primera instancia y de apelación letones desestimaran la demanda interpuesta por una compañía letona frente a una entidad financiera.
El Tribunal Supremo aborda la cuestión relativa al tratamiento concursal de los créditos por la indemnización derivada de la extinción del contrato de trabajo por incumplimientos graves del empleador, cuando la sentencia se dicta en momento posterior a la declaración del concurso.
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de julio de 2016 >>
El nuevo sistema de subastas judiciales electrónicas continúa perfeccionándose tras varios meses desde su implantación en toda España, ofreciendo notables diferencias con respecto a las antiguas subastas presenciales.
El Tribunal Supremo ha aclarado en una reciente sentencia, de fecha 8 de junio de 2016, el orden de pago que corresponde a los honorarios de la administración concursal cuando la masa activa es insuficiente para el abono de la totalidad de los créditos contra la masa. Se distingue, a tal efecto, entre los que resultan estrictamente necesarios para hacer líquidos los activos del concursado y para gestionar el pago, de los que no tienen tal carácter.
When the debt owed by a debtor is cancelled or forgiven, the debtor generally has cancellation of indebtedness (COD) income. COD income is generally includable in gross income, but may be excluded under section 108 of the Internal Revenue Code in some instances. A statutory exclusion exists for COD income that arises in a title 11 bankruptcy case or when the taxpayer is insolvent. Final regulations were issued recently that apply these exclusions to a grantor trust or a disregarded entity (DRE).
In recent years, constructively fraudulent transfer claims asserted in bankruptcy cases, especially those arising from LBOs and similar shareholder transactions, have hit a major road block.
The U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware recently issued an opinion that addresses, among other issues, the question of whether section 546(e) of the Bankruptcy Code preempts certain fraudulent transfer avoidance actions brought under state law. In re Physiotherapy Holdings Inc., No. 15-51238 (Bankr. D. Del. June 20, 2016).