En la SAP de Madrid (secc. 28ª) de 7 de diciembre de 2012 y la SAP de Barcelona (secc. 15ª) de 4 de octubre de 2012 se discutía la calificación concursal de un crédito que había sido calificado por la administración concursal como subordinado por entender que la sociedad acreedora pertenecía al mismo grupo de sociedades que la concursada. En ambos casos las Audiencias realizan un análisis del concepto de grupo a efectos concursales antes y después de la reforma de la Ley Concursal introducida por la Ley 38/2011.

Se rechaza la inscripción del nombramiento de liquidador acordado por la junta general ante la aparición de un activo sobrevenido de una sociedad cuya hoja registral había sido cerrada por el juzgado de lo mercantil ante la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.

La DGRN se cuestiona si es posible inscribir el acuerdo de nombramiento de liquidador de una sociedad cuya hoja registral fue cerrada por auto del Juez de lo Mercantil que decretó la conclusión del concurso de acreedores de la sociedad por inexistencia de bienes²⁸.

La apreciación de mala fe a efectos de subordinación del crédito de la contraparte a la restitución en caso de rescisión exige, además de conocer la situación de insolvencia o proximidad a la insolvencia del deudor, la concurrencia de un aspecto subjetivo (conciencia de que se afecta negativamente –perjuicio- a los demás acreedores) y de un aspecto objetivo (valorativo de la conducta del acreedor, consistente en que esta sea merecedora de la repulsa ética en el tráfico jurídico).

La caducidad del cargo de administrador se produce ope legis, sin necesidad de que acceda al Registro Mercantil ningún documento que lo constate. En estos casos, a diferencia del cese o la separación, el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra el administrador comienza desde el momento en que deba considerarse caducado el cargo.

By nearly any measure, the Chapter 11 cases of Hawker Beechcraft and its affiliates (the “Debtors”) stand as a significant success. The cases began as a standalone reorganization predicated upon a restructuring support agreement (the “RSA”) among the Debtors’ senior lenders and noteholders, which soon thereafter gained the support of the

A recent Pennsylvania case, Graystone Bank v. Grove Estates, LP, upheld the enforceability of a confessed judgment provision even in light of alleged inconsistencies. In most cases, a confessed judgment is a debtor’s statement signed prior to a default that a stipulated amount is owed to a creditor and permits bypassing certain legal proceedings.

Atari, Inc., the creator of the primordial video game “Pong”, filed for Chapter 11 yesterday in the U.S.

The battle in California municipal bankruptcies between bond investors and Calpers, the California public employee pension system, began in the Stockton Chapter 9 bankruptcy case and continues unabated in the

Detroit has seen signs of revival in its urban core following the near-death experiences of GM and Chrysler. Unfortunately, its municipal finances remain beaten down by the city’s long and precipitous decline over the past several decades. Labor and legacy costs, incurred when the auto industry thrived and the popul

Large law firm failures typically produce lengthy and litigious bankruptcy cases. A frustrated lawyer in one such case succinctly described the essential problem: “the assets walk, talk and, worst of all, have their own counsel.” To the inherent tensions and creditor demands of any large chapter 11 case are added  the raw pain, similar to divorce, that many partners feel at the downfall of an institutio