What categories of transaction can be avoided or set aside?
Who is responsible for seeking orders to set aside such transactions?
This Q&A on avoidance transactions is part of a series on restructuring and corporate recovery jurisdiction in the British Virgin Islands.(1)
El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.
El pre-pack concursal se está implementando en España de manera paulatina a través de diversos protocolos y resoluciones judiciales. Ofrecemos un mapa desde el que se podrá acceder a las novedades que vayan surgiendo en este terreno.
What are the principal forms of security in the British Virgin Islands in respect of movable and immovable property?
What is the effect on secured creditors of the commencement of an insolvency procedure?
Se amplía la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022
El 24 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. Dicha norma recoge, entre otros aspectos, la extensión, hasta 2022, de la aplicación de ciertas medidas favorables a las empresas, en materia concursal, societaria, administrativa y de avales y ayudas públicas.
Selección de las principales resoluciones sobre reestructuraciones e insolvencias.
Homologada la refinanciación del Grupo Naviera Armas
Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 27 de octubre de 2021
In relation to a secured party enforcing its rights under a mortgage or charge of shares in a BVI company, the secured party will typically exercise its rights under BVI law to sell the shares or to appoint a receiver in respect of them. Such rights may generally only be exercised after a default has occurred and has continued (without rectification for 14 days following notice of the default) for a period of at least 30 days. These time periods can be shortened by contractual agreement in the relevant security document.
Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la