In the case of Wilson v McNamara [2020] EWHC 98 (Ch) the High Court of England and Wales (the Court) considered whether the EU principle of freedom of establishment requires that a pension held in another EU member state (Ireland) should be excluded from a bankruptcy estate under UK law in the same manner as a UK pension would be in a UK bankruptcy. Mr Justice Nugee decided in order to decide the case the Court needed to refer a preliminary reference to the European Court of Justice (CJEU) on a question of EU law.
Los administradores responden de las deudas contraídas por la sociedad tras la aparición de una causa de disolución si no promueven la ordenada disolución y liquidación. Sin embargo, esta obligación se refiere a las deudas surgidas durante su cargo, de manera que no les son imputables las deudas originadas antes de su nombramiento como administradores, aunque al acceder al cargo la sociedad ya estuviera en causa de disolución.
La Sentencia del Tribunal Supremo nº1246/2019, de 25 de septiembre anula el art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio por entender que no cuenta con habilitación legal, de modo que la potestad de dictar una liquidación de los elementos de la deuda tributaria vinculados al delito no ampara suficientemente la posibilidad de pasar tanto de culpa o remitir el expediente al Ministerio Fiscal en cualquier momento, incluso cuando ya se ha dictado la liquidación o se ha impuesto la sanción.
A recent English Court of Appeal decision has held that legal advice privilege, once established, remains in existence unless and until it is waived. Whether there is no one to waive it; or whether the Crown could have waived it but has not done so; does not matter.
What was the Background to the Case?
La Dirección General de Los Registros y el Notariado, en su resolución de 10 de julio de 2019, se pronuncia sobre la necesaria relatividad en la rigurosidad del balance de liquidación de una sociedad limitada, en este caso con relación a una "desafortunada" contabilización de una aportación a la cuenta 118.
El Tribunal Supremo, aun admitiendo la vertiente resarcitoria de la cláusula penal, rechaza que tenga eficacia sancionadora para el deudor en concurso. En consecuencia, se sostiene que el interés del concurso sirva como factor de moderación de las cláusulas penales.
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 145/2019, de 8 de marzo (Ponente Excmo. Sr. don Francisco Javier Orduña Moreno) se pronuncia sobre los efectos de la cláusula penal sobre una concursada tras la resolución de un contrato.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 6 de noviembre de 2018 reconoce el derecho a la deducción de las dotaciones a la provisión por insolvencias en el Impuesto sobre Sociedades, en el caso de transcurso del plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación, con solo manifestar que el crédito se reclamó por teléfono o aportando cualquier indicio de reclamación de la deuda.
La Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre), prevé la posibilidad de que el sujeto pasivo recupere las cuotas del impuesto repercutidas y no cobradas cuando, entre otros supuestos, el destinatario de los bienes o servicios se encuentre inmerso en un procedimiento concursal.
La DRGN en la Resolución de 19 de diciembre 2018 valora la posibilidad de inscribir la liquidación y extinción de una sociedad en cuya hoja registral consta inscrita una declaración de insolvencia provisional practicada en el ámbito laboral.
In the recent decision of Re M.D.Y. Construction Ltd [2018] IEHC 676 the Examiner sought to have proposals for a scheme of arrangement confirmed by the High Court pursuant to section 541 of the Companies Act 2014 (the "Act"). The most interesting feature of the case was that the scheme of arrangement was proposed for approval by the Interim Examiner before his appointment was confirmed by the High Court.
Arrangement to be approved the day after application to confirm appointment