The Supreme Court recently granted certiorari in PEM Entities LLC v. Levin, in which it will decide whether federal or a state law should apply when a debt claim held by a debtor’s insider is sought to be recharacterized in bankruptcy as a capital contribution and treated as equity. The case raises important questions about the extent to which the commencement of a proceeding under the U.S.
In Millenium Lab Holdings, Delaware District Court Judge Leonard Stark, on an appeal from a bankruptcy court order confirming a plan of reorganization, recently upheld a challenge to the bankruptcy court’s constitutional authority to release claims against non-debtor third parties under the plan.
La Dirección General de Tributos analiza las reglas de valoración aplicables en supuestos de aportaciones de capital realizadas por compensación de créditos en aquellos casos en los que la capitalización se efectúa en diferentes plazos y de forma sucesiva.
La Dirección General de Tributos examina, en un contexto de consolidación fiscal, las consecuencias fiscales de una operación en virtud de la cual la entidad dominante condona los créditos que tiene sobre sus filiales, derechos adquiridos previamente por medio de una operación de reestructuración empresarial no acogida al régimen de neutralidad fiscal y registrados por un valor inferior a su nominal.
Judge Kevin Gross of the U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware handed down an important ruling last week that turned aside most of an unusual challenge to the fees and expenses of an indenture trustee in the long-running Nortel chapter 11 case. The dispute has been watched closely by financial institutions that serve as trustees on bond issuances. (Kelley Drye & Warren LLP represented a large creditor in the Nortel case but took no part in the issues discussed here).
La Dirección General de Tributos examina algunas de las consecuencias que pueden derivarse de una operación de reestructuración empresarial a efectos de la constitución de la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El Tribunal Supremo confirma en casación la procedencia de imponer sanción en supuestos de operaciones de reestructuración empresarial carentes de motivos económicos válidos sobre la base de argumentos que, en última instancia, lo llevan a reconducir la operación al campo de la simulación negocial.
1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre del 2016 (rec. 2211/2015)
Judge Christopher Sontchi recently issued an important opinion in the Molycorp chapter 11 case.
La Audiencia Nacional, en una interesante sentencia, ha matizado el criterio que desde la Administración ha venido manteniéndose en muchos casos en virtud del cual la presencia de una segunda finalidad en las operaciones de reestructuración empresarial, añadida a la de perseguir una auténtica reorganización de la entidad, conllevaría, partiendo del análisis conjunto de la operación, la exclusión de la posibilidad de aplicar el régimen especial previsto a efectos del impuesto sobre sociedades para las citadas operaciones.