Es exclusiva la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto un procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio se encuentra en otro Estado miembro.

Las normas del Derecho rector de la filial en materia de grupos resultan, en principio, aplicables a la matriz aunque esta sea extranjera. No cabe descartar que, además, el Derecho rector de la matriz se aplique para imponer una responsabilidad por las instrucciones que perjudicaron a la filial, aunque el Derecho de ésta no contemple normas especiales al respecto.

El Reglamento 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), sustituye al Reglamen- to 1346/2000 y se aplicará a los procedimientos de insolvencia que se abran después del 26 de junio del 2017 (DOUE  L 141, de 5 de junio).

Regulation 2015/848 of the European Parliament and the Council on insolvency proceedings (recast) replaces Regulation 1346/2000 and shall apply to insolvency proceedings opened after 26 June 2017 (OJ L 141, 5 June).

1.  The characterisation of art. 1(1) ERIP and role of the Annex

The fourth additional provision of the Spanish Insolvency Act (IA) provides for homologation (court sanctioning) of a refinancing agreement signed by creditors representing at least 51 per cent of financial liabilities whilst meeting certain conditions set out in article 71 bis at the time of adoption of said agreement.

(Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, de 19 de noviembre de 2013).

Este auto afirma la competencia del Juzgado de lo mercantil de San Sebastián para declarar la apertura del concurso de la sociedad Fagormastercook SA con domicilio social en Wroclaw (Polonia). La concursada es filial de Fagor Electrodomésticos S. Coop., cuya solicitud de concurso había tenido entrada en el mismo juzgado, si bien en la fecha del auto estaba pendiente de declaración.

Section 552(b)(2) of the Bankruptcy Code provides that if a creditor prior to bankruptcy obtained a security interest in rents paid to the debtor, that security interest extends to postpetition rents to the extent provided in the security agreement. Courts have disagreed, however, on the question of whether the debtor must provide adequate protection with respect to such postpetition rents. The resolution of this issue typically determines whether the debtor may use a portion of the postpetition rents that it receives to fund the administrative costs of its bankruptcy.

Presentación

El análisis de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito y de la aplicación de algunos de sus preceptos en supuestos con elementos internacionales exige partir de dos premisas: