The peak indebtedness rule employed by liquidators to maximise recovery of unfair preference claims is abolished

A recent case in the NSW Court of Appeal clarifies the purpose, and limits, of a public examination summons

The PAS Group decision reaffirms the principle that rent incurred during the administration period takes priority in the winding-up payment waterfall

Antqip Hire highlights the importance of drafting a DOCA carefully, and properly communicating to creditors the commercial risks

The case of Antqip Hire was brought by the liquidators of two related entities (Antqip Pty Limited and Antqip Hire Pty Limited).

Orders were sought determining:

A voluntary administrator is often appointed by the company. The directors have a role in selecting the administrator; often the referral will come through one of the company’s advisers, such as the accountant or lawyer.

National Rugby League (NRL) was successful in setting aside a summons for public examination obtained by the liquidator of Newheadspace Pty Limited (Newheadspace). The Court also awarded NRL its costs. The Court found that the creditors’ voluntary winding-up of Newheadspace was an abuse of process, and that the summonses were obtained for an improper purpose.

Un accionista solicitó del juzgado mercantil que se acordara la disolución judicial de la compañía en la que participaba (y que se nombrara liquidador a quien ostentaba la condición de administrador) por haberse producido la paralización de los órganos sociales (art. 363.1.d Ley de Sociedades de Capital [LSC]). En el procedimiento no se discutió la realidad de esta paralización, pero se alegó —para oponerse a lo solicitado— que se había incumplido el requisito de la previa convocatoria de junta general extraordinaria.

Se presentó a inscripción en el Registro Mercantil escritura pública de fusión en la que la sociedad absorbente estaba íntegramente participada por la sociedad absorbida (que se encontraba en liquidación). Los acuerdos de fusión fueron adoptados por el socio único de la sociedad absorbente (esto es, por la sociedad absorbida, representada por el liquidador). La registradora denegó la inscripción argumentando, entre otras cosas, que resultaba preciso también el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida.

En su Sentencia de 1 de marzo de 2019 [RJ 2019/622] el Tribunal Supremo ha venido a interpretar la excepción a la subordinación de los créditos de las personas especialmente relacionadas con el concursado que se contiene en el artículo 92.5º de la Ley Concursal (LC).

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de julio y 31 de octubre de 2018 [RJ 2018/2814 y RJ 2018/4729] han debido decidir si una sociedad (TIP) ostentaba el control sobre otra (TRECAM) a los efectos de determinar si esta segunda pertenecía al grupo de la socia única (CAM) de la primera (lo que resultaba relevante para la calificación en el concurso de TRECAM de los créditos de CAM y de otra filial íntegramente participada de esta ultima entidad).