The U.S. Supreme Court held today in Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC that a trademark licensee may retain certain rights under a trademark licensing agreement even if the licensor enters bankruptcy and rejects the licensing agreement at issue. Relying on the language of section 365(g) of the Bankruptcy Code, the Supreme Court emphasized that a debtor’s rejection of an executory contract has the “same effect as a breach of that contract outside bankruptcy” and that rejection “cannot rescind rights that the contract previously granted.”

In a recent decision arising out of the Republic Airways bankruptcy, Judge Sean Lane of the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York held that the liquidated damages provisions of certain aircraft leases were improper penalties and, thus, “unenforceable as against public policy” under Article 2A the New York Uniform Commercial Code. In re Republic Airways Holdings Inc., 2019 WL 630336 (Bankr. S.D.N.Y. Feb. 14, 2019).

On February 8, 2019, the United States District Court for the Southern District of Texas, Houston Division, affirmed a Bankruptcy Court order enjoining a claimant from pursuing claims against a debtor’s non-debtor affiliates based upon third-party release and injunction provisions included in the debtor’s confirmed chapter 11 plan. In re CJ Holding Co., 2019 WL 497728 (S.D. Tex. Feb. 8, 2019).

Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.

El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.

La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.

Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.

The United States Court of Appeals for the Third Circuit recently issued a 2–1 decision affirming the ruling of the Bankruptcy Court for the District of Delaware, which reconsidered its prior approval of a $275 million termination fee in connection with a proposed merger. In re Energy Future Holdings Corp., No. 18-1109, 2018 WL 4354741, at *14 (3d Cir. Sept. 13, 2018).

In accordance with EU legislation, Member States have the power to limit the obligation of public guarantee institutions to pay employees’ claims in the event of their employer’s insolvency. The Court of Justice found to be compliant a national provision (Bulgarian law) that confines the protection given by said guarantee institutions to those employment relationships that have not ended within the three months prior to the opening of insolvency proceedings.

Todos los supuestos de extinción en que ésta es adoptada por voluntad del trabajador, pero derivada de una decisión unilateral de la empresa, han de tener el mismo tratamiento por parte de los Estados miembros. Así lo señala el Tribunal de de Justicia en un reciente pronunciamiento en el que resuelve una cuestión cuya trascendencia práctica desborda el supuesto planteado específicamente.