The peak indebtedness rule employed by liquidators to maximise recovery of unfair preference claims is abolished

A recent case in the NSW Court of Appeal clarifies the purpose, and limits, of a public examination summons

The PAS Group decision reaffirms the principle that rent incurred during the administration period takes priority in the winding-up payment waterfall

Antqip Hire highlights the importance of drafting a DOCA carefully, and properly communicating to creditors the commercial risks

The case of Antqip Hire was brought by the liquidators of two related entities (Antqip Pty Limited and Antqip Hire Pty Limited).

Orders were sought determining:

A voluntary administrator is often appointed by the company. The directors have a role in selecting the administrator; often the referral will come through one of the company’s advisers, such as the accountant or lawyer.

National Rugby League (NRL) was successful in setting aside a summons for public examination obtained by the liquidator of Newheadspace Pty Limited (Newheadspace). The Court also awarded NRL its costs. The Court found that the creditors’ voluntary winding-up of Newheadspace was an abuse of process, and that the summonses were obtained for an improper purpose.

La Sentencia del Tribunal Supremo 710/2019, de 8 de marzo, resuelve en casación, por primera vez, creo, el extremo relativo a la oponibilidad al concurso de una condición resolutoria acompañada de una cláusula penal de retención de la totalidad del precio ya pagado por el comprador inmobiliario insolvente. Según la Sala, la condición resolutoria (inmobiliaria) es plenamente oponible al concurso; en este caso se hallaba inscrita, pero no parece que esta condición haya sido relevante para su efectividad.

Interesante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 junio 2019. En el origen, se trata de la inscripción de una venta directa de bien hipotecado, hecha en liquidación concursal, por un valor inferior al de tasación, pero sin contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, como impone el artículo 155.4 de la Ley Concursal (LCon). Según la administración concursal, este consentimiento no es preciso, pues en virtud del artículo 97 ha desaparecido el crédito hipotecario por no estar incluido en la lista ni haber sido ésta objeto de impugnación.

Sentencia del Tribunal Supremo 227/2019, de 11 abril. Después de la declaración de concurso de la prestataria, la acreedora hipotecaria (una Caja Rural) comunicó un crédito de 117.174,82 euros, que se correspondía a 114.839,44 euros de principal, 1.089,29 euros de intereses remuneratorios y 127,16 euros de intereses de demora. El crédito es clasificado como crédito con privilegio especial. Abierta la liquidación, se procedió a la subasta de las dos fincas sobre las que se había constituido la hipoteca en garantía del reseñado crédito. La subasta se celebró el 11 de marzo de 2013.

Se comenta y se refuta una reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige que estos créditos por intereses estén en el concurso especialmente comunicados, y que de otra forma no podrían ser pagados con el producto de ejecución.

1. Los hechos