En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

1. Introduction

On 9 May 2019 the Airline Insolvency Review (the AIR), chaired by Peter Bucks, published its Final Report on passenger protections in the context of airline insolvencies, having been commissioned by the Chancellor of the Exchequer in November 2017 following the high-profile collapse of Monarch Airlines.

It is well established that the type of recognition granted by the recognising court under the UNCITRAL Model Law will depend on whether the originating proceedings are ‘foreign main’ or ‘foreign non-main’ proceedings, which in turn hinges on the centre of main interests (COMI) of the insolvent entity.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes:

The Recast Insolvency Regulation (Regulation 2015/848) (“Recast Regulation”) will apply to all member states of the EU (with the exception of Denmark) in relation to insolvency proceedings opened on or after 26 June 2017. The Recast Regulation takes a similar approach to that of the prior EU Insolvency Regulation (Regulation 1346/2000), which came into force in 2002. The Recast Regulation seeks to create a uniform code for insolvency jurisdiction, and cross-border recognition (within the acceding Member States).

In a judgment that will undoubtedly impact what has become fairly common practice when filing notices of intention to appoint an administrator (“NOITA”), the Court of Appeal has held in JCAM Commercial Real Estate Property XV Ltd v Davis Haulage Ltd[1] that a company seeking to give notice of intention to appoint under paragraph 26 of Schedule B1 to the Insolvency Act 1986 (the “Act”), and to file a copy o