The oil and gas industry in the United States is highly dependent upon an intricate set of agreements that allow oil and gas to be gathered from privately owned land. Historically, the dedication language in oil and gas gathering agreements — through which the rights to the oil or gas in specified land are dedicated — was viewed as being a covenant that ran with the land. That view was put to the test during the wave of oil and gas exploration company bankruptcies that began in 2014.

En todo tipo de procesos y, entre ellos, en los incidentes concursales, la denuncia por la parte demandada de la falta de jurisdicción o de competencia no puede plantearse como una suerte de excepción en la contestación a la demanda o en momento posterior, sino que debe promoverse con carácter previo a la contestación, mediante declinatoria (art. 64.1 Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]).

En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

On February 25, 2019, the United States Court of Appeals for the Second Circuit issued a decision holding that a trustee is not barred by either the presumption against extraterritoriality or by international comity principles from recovering property from a foreign subsequent transferee that received the property from a foreign initial transferee.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

On January 17, 2019, the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit issued a decision holding that “impairment” under a plan of reorganization does not arise even if a creditor is paid less than it would be entitled to under its contract, so long as the reduced recovery is due to the plan’s incorporation of the Bankruptcy Code’s disallowance provisions.

Intercreditor agreements between secured creditors are intended to limit the potential for litigation and result in predictable commercial outcomes with respect to recoveries from collateral in enforcement actions and bankruptcies. Despite the extensive drafting efforts of sophisticated counsel to eliminate ambiguities in these agreements, the interpretation of intercreditor agreements has been the subject of substantial bankruptcy litigation.