En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Two weeks ago, we discussed asset sales under Bankruptcy Code section 363. As that post noted, section 363 requires court approval for asset sales outside the ordinary course of business, with courts ensuring that sales reflect a reasonable business judgment and have an articulated business justification. Debtors may choose to sell assets via a public auction or through a private sale.

When a debtor files for bankruptcy, almost all proceedings to recover property from the debtor are automatically stayed by force of law. See 11 U.S.C. § 362(a). This provision, known as the automatic stay, is a central feature of the bankruptcy process, but uncertainty remains about aspects of its scope.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

When a party files for bankruptcy, the Bankruptcy Code imposes an automatic stay of litigation against a debtor for claims arising prior to the commencement of the bankruptcy case. See 11 U.S.C. § 362(a). Where there is a basis for bankruptcy jurisdiction in federal court, federal law also permits parties to a state court action to remove the state court action to the federal district court for the district in which the state court action is pending. See 28 U.S.C. § 1452(a).

Fraudulent transfer law allows creditors and bankruptcy trustees, under certain circumstances, to sue transferees to recover funds received where a debtor’s transfers to the transferees actually or constructively defrauded its creditors. Under both the Uniform Fraudulent Transfer Act adopted by most states and the fraudulent transfer action created by federal bankruptcy law, a transferee of an alleged fraudulent transfer may assert a defense from such liability by establishing that it received the transfer in good faith and for reasonably equivalent value. See 11 U.S.C.

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes: