On October 17, 2022, Justice Andrea Masley of the NY Supreme Court issued a decision and order denying all but one of the motion to dismiss claims filed by Boardriders, Oaktree Capital (an equity holder, term lender, and “Sponsor” under the credit agreement), and an ad hoc group of lenders (the “Participating Lenders”) that participated in an “uptiering” transaction that included new money investments and roll-ups of existing term loan debt into new priming debt that would sit at the top of the company’s capital structure.
On October 14, 2022, the Fifth Circuit issued its decision in Ultra Petroleum, granting favorable outcomes to “unimpaired” creditors that challenged the company’s plan of reorganization and argued for payment (i) of a ~$200 million make-whole and (ii) post-petition interest at the contractual rate, not the Federal Judgment Rate. At issue on appeal was the Chapter 11 plan proposed by the “massively solvent” debtors—Ultra Petroleum Corp. (HoldCo) and its affiliates, including subsidiary Ultra Resources, Inc.
On July 6, Delaware Bankruptcy Court Judge Craig T. Goldblatt issued a memorandum opinion in the bankruptcy cases of TPC Group, Inc., growing the corpus of recent court decisions tackling “uptiering” and other similar transactions that have been dubbed by some practitioners and investors as “creditor-on-creditor violence.” This topic has been a hot button issue for a few years, playing out in a number of high profile scenarios, from J.Crew and Travelport to Serta Simmons and TriMark, among others.
Recientes resoluciones judiciales han puesto en el foco la problemática aprobación judicial de una liquidación societaria cuando existe una situación de bloqueo por parte de alguno de los socios que impide adoptar acuerdos. Analizamos, a continuación, lo que han dicho los tribunales sobre los acuerdos sociales negativos y su posible impugnabilidad.
(SJM nº 13 de Madrid de 23 de marzo de 2021 y SAP de La Coruña de 1 de abril de 2022)
El Consejo de Ministros ha acordado extender el plazo de solicitud de la financiación avaladapor el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas.
Las medidas que ahora se ven reforzadas o modificadas tienen su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril –del que Garrigues ya se hizo eco en esta publicación–, que fue posteriormente sustituido por la
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia, la 46/2021, de 2 de febrero, en la que se confirma lo ya señalado en la Sentencia 4/2021, de 15 de enero de 2021. Dos sentencias miméticas en todo (casi hasta en las partes).
La doctrina ahora asentada por la 46/2021 se resume:
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) establece que el socio que ejerce el derecho de separación conserva su condición hasta que se reembolse de manera efectiva su participación. La resolución también señala que, en caso de que la separación se produzca antes de la declaración de concurso de acreedores, el crédito del socio será subordinado sin perjuicio de la eventual contingencia derivada de la posible litigiosidad de su cuantía.
2020 ha sido un año atípico. La alerta sanitaria mundial provocada por la expansión del COVID-19 y la consecuente declaración del estado de alarma en España en marzo de 2020 llevaron a una vorágine legislativa sin precedentes. En este contexto, las empresas se encuentran inmersas en un escenario incierto en el que la toma de decisiones juega un papel clave para la viabilidad futura del negocio.
On August 26, 2020, the Court of Appeals for the Third Circuit held that the Bankruptcy Code does not require subordination agreements to be strictly enforced in order for a court to confirm a cramdown plan, so long as the plan does not discriminate unfairly.