Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

Yesterday, in an 8-1 decision, the US Supreme Court held in Mission Product Holdings, Inc. v.

On April 23, 2019, the United States District Court for the Southern District of New York, in fraudulent transfer litigation arising out of the 2007 leveraged buyout of the Tribune Company,1 ruled on one of the significant issues left unresolved by the US Supreme Court in its Merit Management decision last year.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

Both the First Energy Solutions and PG&E bankruptcies have seen proceedings regarding power purchase and similar agreements (PPAs) that raise this question.

Background

Contracts often contain provisions that enable a party to terminate or modify the contract based on the other party's bankruptcy filing, insolvency or deteriorating financial condition. In general, the Bankruptcy Code renders these types of provisions (sometimes referred to as "ipso facto" clauses) ineffective. Specifically, under section 365(e)(1) of the Bankruptcy Code (emphasis added):

After months of speculation, it is now official : PG&E (both the parent, PG&E Corporation, and its subsidiary, Pacific Gas & Electric Company), having faced extraordinary challenges relating to catastrophic wildfires in 2017 and 2018, has announced that a voluntary bankruptcy filing “is appropriate, necessary and in the best interests of all stakeholders, including wildfire claimants, PG&E’s other creditors and shareholders, and is ultimately the only viable option to restore PG&E’s financial stability to fund ongoing operations and provide safe service to customers.” As

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes:

Merit Management Group, LP v. FTI Consulting, Inc., No. 16-784 (2018)