1. State of the Restructuring Market
1.1 Market Trends and Changes
State of the Restructuring and Insolvency Market
There were 27,359 insolvencies in France as of the end of September 2021, down 25.1% from the same period in 2020, and down 47.9% from September 2019. Such reduction is relatively stable across all sectors, including those most severely affected by the health-related restrictions, such as accommodation and food services (down 44.2% year-on-year) and trade (down 28.1% year on year).
Fewer Insolvencies for More Opportunities
At the end of 2021, corporate bankruptcies (for most company sizes and in most sectors) were at their lowest level compared to the pre-COVID-19 figures from 2019, with a 50% drop in insolvency proceedings and a 10% decrease in pre-insolvency situations. This was largely due to the temporary impact of government emergency measures and support, including:
La justicia europea se pronuncia sobre la aplicación de las garantías laborales en la transmisión de empresas cuando cedente y cesionario prevén la posterior desaparición del cesionario por liquidación. Nada impide segregar una parte de la empresa y posibilitar su autonomía, pero mantener la dependencia y provocar su quiebra resulta contrario al principio de estabilidad que rige el transfondo laboral de toda transmisión empresarial.
This week’s TGIF takes a look at the recent case of Mills Oakley (a partnership) v Asset HQ Australia Pty Ltd [2019] VSC 98, where the Supreme Court of Victoria found the statutory presumption of insolvency did not arise as there had not been effective service of a statutory demand due to a typographical error in the postal address.
What happened?
This week’s TGIF examines a decision of the Victorian Supreme Court which found that several proofs had been wrongly admitted or rejected, and had correct decisions been made, the company would not have been put into liquidation.
BACKGROUND
Ante el embargo de todos los saldos de las cuentas bancarias de la empresa por parte del Juzgado de lo Social, el administrador concursal solicita que sea el Juez de lo Mercantil el que se pronuncie sobre si los bienes a embargar son necesarios para la continuidad de la empresa. De ser así, el Juzgado de lo Social deberá esperar a la resolución mercantil antes de adoptar ninguna medida de embargo y habrá de devolver al administrador concursal las cantidades confiscadas.
El reconocimiento de la improcedencia del despido del trabajador en la fase de conciliación prejudicial implica asimismo el abono de la indemnización correspondiente al trabajador. Cuando, tras el acuerdo alcanzado, se intenta su ejecución pero la empresa declara su insolvencia, los trabajadores suelen recurrir al FOGASA para el cobro de las cantidades adeudadas.
This week’s TGIF considers Re Broens Pty Limited (in liq) [2018] NSWSC 1747, in which a liquidator was held to be justified in making distributions to creditors in spite of several claims by employees for long service leave entitlements.
What happened?
On 19 December 2016, voluntary administrators were appointed to Broens Pty Limited (the Company). The Company supplied machinery & services to manufacturers in aerospace, rail, defence and mining industries.
La competencia del orden social para declarar una sucesión de empresas en caso de adquisición de unidad productiva en concurso no parece albergar duda alguna para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. A tal fin, se imponen la aplicación de la norma laboral, las consecuencias derivadas sobre la responsabilidad solidaria de empresa adquirente y transmitente en toda su extensión —para contratos vigentes y deudas derivadas de contratos ya extinguidos— y la inviabilidad, en tal caso, de la exoneración contenida en el plan de liquidación.
Iniciado un despido colectivo y alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el empresario en el periodo de consultas, se plantea si la impugnación individual de cada despido puede cuestionar la concurrencia de las causas que lo motivan. El diferente tratamiento normativo —laboral, concursal, procesal— y la distinta dicción sobre esta materia en procesos de naturaleza colectiva —modificación sustancial, movilidad, suspensión contractual— obligan a precisar una solución, sustantiva y procesalmente determinante.