En una nota que redacté ya hace algún tiempo decía que, excepcionalmente, y aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parece excluirlo al disponer que la legitimación activa corresponde a quien aparece en el título como «acreedor» (art. 538.2), ha interpretado la jurisprudencia que puede ser el propio condenado o demandado quien inste la ejecución si tiene interés jurídico en el cumplimiento.

Se exponen brevemente los posibles obstáculos a la ejecución de la resolución (sentencia o decreto del letrado de la Administración de Justicia) que pone fin al procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial de gananciales y se ofrecen los criterios para su superación. 

1.ª ¿Es la sentencia que pone fin al procedimiento con oposición un título ejecutivo?

El artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula este presupuesto de las medidas cautelares de una manera flexible, ya que, como ha recordado la jurisprudencia, no requiere (como hacía el Anteproyecto de LEC) que la sentencia condenatoria que en su día se dicte sea «de imposible o muy difícil ejecución», sino que se limita a exigir que puedan producirse situaciones que «impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela».

Sin embargo, la jurisprudencia que lo ha interpretado ha sido rigurosa en la delimitación de sus requisitos.

The Supreme Court issued its much-anticipated ruling yesterday in the First Circuit case of Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, resolving a circuit split that had developed on “whether [a] debtor‑licensor’s rejection of an [executory trademark licensing agreement] deprives the licensee of its rights to use the trademark.” And it answered that question in the negative; i.e., in favor of licensees.

Llamo la atención sobre las dos cuestiones enunciadas, que tienen una indudable relevancia práctica en relación con los recursos extraordinarios:

1) La Sentencia del Tribunal Supremo 61/2019 de 31 enero (RJ 2019\227) aborda cuál debe ser la correcta interpretación del artículo 167.1 de la Ley Concursal, que contempla los supuestos en los que «no procederá la formación de la sección de calificación del concurso» cuando en el mismo haya sido aprobado judicialmente un convenio: si se establece en él, «para todos los acreedores o para los de una o varias clases, entendiendo igualmente por tales las establecidas en el artículo 94.2, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que res

In a recent decision, In re Orexigen Therapeutics, Inc., No. 18-10518 (KG) (Bankr. D. Del. Nov. 13, 2018), Judge Kevin Gross of the United States Bankruptcy Court for the District of Delaware held that the mutuality requirement of section 553 of the Bankruptcy Code must be strictly construed, declining to find mutuality in a triangular setoff between the debtor, a parent entity that owed the debtor money, and that entity’s subsidiary, which was a creditor.

During this mostly quiet week in restructuring, most of us are either away on vacation (think beach or ski) or home for the holidays, maybe back in our hometowns. For me, it’s always the latter, and home for the holidays is Virginia Beach, Virginia, where I sit while I write this blog post (alas, not the beach vacation some of you may be enjoying; my relatives live about 20 minutes from the beach and the high temperature this time of year is usually in the 40s).

 Se examina, en concreto, el supuesto de que se acuerde el régimen de suspensión de facultades y la administración concursal decide no hacer operativa en la primera instancia la sustitución prevista en la ley.

1. Los hechos analizados por la STS 570/2018, de 15 de octubre (RJ 2018/4613) y el problema planteado

Los hechos relevantes son los siguientes:

In Judge Glenn’s recent lengthy decision recognizing and enforcing a restructuring plan in the chapter 15 proceedings of In re Agrokor1, a Croatian company in Croatian insolvency proceedings, he highlighted that the concept of comity – respect for rulings in other countries – remains an important U.S.